Cinco mujeres y dos hombres recibieron informe favorable y la respuesta no suele superar los cuarenta y cinco días
En el último año, siete residentes de Canarias han solicitado la ayuda para morir.
El grupo está compuesto por cinco mujeres y dos hombres, según datos publicados por RTVE.
Todas las solicitudes recibieron informe favorable dentro del procedimiento establecido por la ley de eutanasia.
La normativa, aprobada en 2021, permite a pacientes con enfermedades graves solicitar la muerte asistida.
Hasta tres médicos y un jurista por caso
Para cada caso, hasta tres médicos y un jurista analizan la documentación presentada.
El plazo de respuesta habitualmente no supera los cuarenta y cinco días, indica la fuente.
La solicitud más reciente se registró el nueve de junio de dos mil veintidós.
Se trata de la primera petición de eutanasia en Canarias desde la entrada en vigor de la ley.
El Gobierno canario creará un registro público
El registro de estas solicitudes permite evaluar la aplicación práctica del marco legal en el archipiélago.
El proceso de evaluación incluye la revisión del diagnóstico médico, la capacidad de decisión y la ausencia de presiones externas.
Los juristas aportan criterios legales para garantizar que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
En caso de discrepancia, el comité puede solicitar informes complementarios antes de emitir el dictamen final.
Hasta la fecha, ninguna de las siete solicitudes ha sido rechazada por los órganos competentes.
Todas han avanzado hacia la fase de autorización, aunque el tiempo exacto de ejecución depende de cada caso.
Los pacientes y sus familias suelen recibir acompañamiento psicológico durante todo el proceso, según la normativa vigente.
El número de solicitudes en Canarias sigue siendo bajo comparado con otras comunidades autónomas con legislación similar.
Esta diferencia se atribuye a factores demográficos, culturales y al nivel de información disponible para la población.
El Gobierno de Canarias ha señalado que seguirá garantizando el acceso a la eutanasia bajo los parámetros legales.
Al mismo tiempo, ha anunciado la creación de un registro público para mejorar la transparencia del proceso.
El objetivo es proporcionar datos fiables que faciliten el seguimiento y la evaluación de la normativa.
Los partidos políticos locales han reaccionado de forma diversa, algunos piden revisar la ley y otros la defienden.
Expertos en bioética advierten que cualquier cambio legislativo debe basarse en evidencia clínica y consenso social.
Recomiendan mantener la participación de varios profesionales en la valoración para evitar decisiones unilaterales.
Asimismo, sugieren que la información sobre el proceso sea accesible y comprensible para todos los ciudadanos.
El seguimiento de los casos se realizará mediante informes anuales que incluirán estadísticas y análisis de tendencias.
Estos documentos permitirán a las autoridades ajustar la normativa si se detectan irregularidades o problemas operativos.
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