CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·2 min de lectura
El acuerdo entre la Junta y el Gobierno central busca agilizar el proceso para recuperar el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
El Algarrobico, el polémico hotel de Carboneras (Almería) construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ha perdido su licencia municipal y abre la puerta a su demolición tras dos décadas de litigios.
El Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron el jueves 8 de octubre agilizar los trámites para derribar el inmueble, aunque aún no hay fecha concreta para su ejecución.
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La anulación de la licencia, decidida por el Ayuntamiento el 7 de julio, elimina el principal obstáculo legal para proceder a la demolición. El edificio, levantado entre 2003 y 2006 por la promotora Azata del Sol, quedó paralizado en febrero de 2006 tras denuncias ecologistas y sentencias judiciales que declararon ilegal su construcción en un espacio protegido.
El acuerdo, alcanzado en una reunión telemática de la Comisión Mixta de Seguimiento, recupera el protocolo de 2011. Este atribuye al Gobierno central la demolición y a la Junta la gestión de los escombros. Las administraciones exploran exigir a la promotora Azata del Sol la recuperación del terreno. El proceso depende de resolver recursos judiciales, como el interpuesto contra la nulidad de la licencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Junta abrió el 9 de septiembre un expediente de restablecimiento de la legalidad territorial. Este proceso, con plazo máximo de un año, incluye derribar el edificio, eliminar infraestructuras y restaurar el entorno natural. La demolición, no obstante, sigue sin calendario definido ni presupuesto cerrado, pese al compromiso de coordinación entre ambas administraciones.
20 años de paralización judicial y un edificio abandonado
El caso de El Algarrobico se ha convertido en símbolo de los conflictos urbanísticos en la costa española. Su construcción, autorizada en enero de 2003, avanzó hasta alcanzar 21 plantas antes de ser paralizada. Durante años, el edificio abandonado ha generado tensiones políticas por las responsabilidades en su demolición y su coste, estimado en millones de euros según fuentes sectoriales.
La Junta ya ha iniciado los trámites para recuperar el espacio, pero el proceso aún enfrenta obstáculos legales. La promotora Azata del Sol podría ser requerida a asumir parte de las actuaciones, aunque su implicación dependerá de la resolución de los recursos en curso. Mientras, el inmueble sigue en pie, a escasos metros del Mediterráneo, como testimonio de una polémica que ha durado más de dos décadas.
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El acuerdo marca un avance, pero la demolición definitiva depende de superar escollos judiciales y administrativos. Las administraciones evitan fijar plazos públicos, priorizando la seguridad jurídica. El caso se ha convertido en referente de los conflictos entre desarrollo urbanístico y protección ambiental en España.
