José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la región, critica el ‘criterio de ordinalidad’ que perjudica a su comunidad mientras el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, defiende el acuerdo
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, ha rechazado este jueves el modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y Cataluña. Según sus cálculos, los castellanomanchegos recibirían 200 euros menos al año que un catalán por los mismos servicios públicos, una diferencia que califica de «injusta» y «indefendible desde una óptica progresista».
El conflicto interno en el PSOE de la región se agudiza: mientras Sabrido, delegado del Gobierno, defiende el acuerdo para mantener el apoyo de Cataluña —clave para la legislatura—, Martínez Guijarro acusa al modelo de premiar a quien ya tiene más recursos («quien más tiene, tiene más derechos»). La región lleva 12 años sin un sistema de financiación actualizado, y el vicepresidente advierte: «No se trata de recibir más dinero, sino de cómo se distribuye».
El Gobierno central ya ha confirmado que presentará la propuesta en las próximas semanas. Solo Cataluña y Canarias —esta última con régimen especial— avalan el sistema, mientras el resto de comunidades, incluyendo Castilla-La Mancha, se oponen. Martínez Guijarro asegura que su gobierno «se opone de todas todas» y espera que el Ejecutivo «le entre cordura» y retire la iniciativa.
El debate refleja la tensión entre lealtad al Gobierno y defensa autonómica: Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ya había criticado a Sánchez por «arrodillarse ante las minorías independentistas». Ahora, con los ocho diputados socialistas votando en bloque en el Congreso, la región se divide entre quienes priorizan el pacto de gobierno y quienes exigen justicia fiscal.
En declaraciones a la prensa, Sabrido afirmó que no ve razonable la negativa a un modelo de financiación que, según él, se ajusta a los intereses de Castilla-La Mancha. El delegado del Gobierno explicó que el acuerdo con Cataluña se basa en una pleitesía que garantiza la llave para la legislatura concedida, y que su defensa del pacto se orienta a asegurar la estabilidad política del Gobierno central.
