CRedacción Capitol·4 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Parlament impulsa una reforma del Código Penal tras registrar 69 tiroteos en el primer semestre, un 45% más que en 2025
La Generalitat de Cataluña ha presentado una proposición de ley para reformar el Código Penal. El objetivo es endurecer las penas por tenencia ilícita y exhibición de armas de fuego, tras un incremento del 45 % de tiroteos en el primer semestre de 2026.
El proyecto, impulsado por el Parlament y elevado al Congreso, responde a los 69 tiroteos registrados en los primeros seis meses del año. Entre ellos se cuenta el asesinato de un menor de 15 años y el ataque en Tarrasa que dejó dos guardias civiles gravemente heridos.
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Incremento de la violencia armada
Durante ese mismo periodo, los Mossos d’Esquadra han incautado 179 armas de fuego, seis de cada diez de ellas cortas. También largas y de guerra, como la docena de subfusiles AK-47 hallados en un vehículo interceptado en la autopista AP-7 en mayo.
El fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, calificó de ‘invasión’ la proliferación de armas, también blancas, en las calles. Señaló que la región se ha convertido en la huerta europea del cultivo de marihuana destinado a la exportación.
Detalles de la reforma penal
La propuesta plantea que la pena por tenencia de armas prohibidas pase de uno a tres años a una horquilla de dos a cuatro años de prisión.
Para la posesión de armas de fuego sin licencia, la sanción actual de uno a dos años para armas cortas y de seis meses a un año para armas largas se ampliaría a 18 meses a tres años y de seis meses a un año y medio, respectivamente.
Asimismo, se eliminaría la atenuante que beneficia a quien, tras exhibir un arma en la vía pública, demuestre que no pretendía usarla contra terceros.
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El director general de la Policía, Ferran López, explicó que, aunque en ciudades como Marsella el endurecimiento penal no ha reducido los homicidios, la medida puede actuar como elemento disuasorio para el crimen organizado.
El objetivo, según el Govern presidido por Salvador Illa, es equiparar las penas catalanas a las de otros territorios europeos y frenar el «factor de atracción» que supone la impunidad percibida.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomás Salàs, advirtió que la violencia armada está vinculada a la corrupción y a la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en la economía legal.
Europol indica que más del 80 % de las redes criminales más peligrosas de la UE utilizan estructuras comerciales legales para blanquear sus beneficios, combinando tráfico de drogas y armas.
Recientemente, la Policía Nacional desmanteló en Gerona la operación Jabalín, que incautó 644 armas en un trastero de Figueras y capturó a un armero con experiencia en el Ejército ruso.
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La interconexión entre narcotráfico y tráfico de armas constituye una amenaza híbrida que aumenta la letalidad de los grupos criminales y favorece la expansión de la violencia en Cataluña y en otras zonas como la Costa del Sol.
La Generalitat pretende combatir la proliferación de armas mediante la reforma penal. Reconoce que la medida sola no garantiza la reducción de los homicidios.
El proyecto de ley será debatido en el Congreso, donde los partidos podrán proponer enmiendas antes de su eventual aprobación.
El último tiroteo, que se saldó con dos guardias civiles heridos de gravedad en Tarrasa (Barcelona), ocurrió tras el ataque de un grupo de delincuentes con antecedentes por delitos contra el patrimonio, subrayando la urgencia de la reforma propuesta.
Durante la apertura del año judicial en Cataluña, el fiscal jefe Francisco Bañeres respaldó la propuesta, calificándola de necesaria para combatir la «invasión» de armas blancas y de fuego que, según él, amenaza la seguridad pública y la estabilidad del territorio.
