CCOO y UGT piden cláusulas sociales y mayor financiación en Valladolid

La movilización fue convocada por CCOO Hábitat y UGT Servicios Públicos bajo el lema ‘En defensa de la ayuda a domicilio

Este lunes, más de medio millar de trabajadoras del sector de la ayuda a domicilio se concentraron ante la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid para exigir a la Junta de Castilla y León mayor financiación y recursos en las licitaciones públicas.

La movilización fue convocada por CCOO Hábitat y UGT Servicios Públicos bajo el lema ‘En defensa de la ayuda a domicilio. Por unos cuidados dignos, por unos salarios justos’ y se desarrolló en la Plaza de Madrid.

Los manifestantes pidieron a la administración regional incluir cláusulas sociales en los pliegos y garantizar el reconocimiento laboral de 7.500 auxiliares que prestan servicio a unas 24.000 personas dependientes en la comunidad.

Lourdes Herreros, secretaria general de CCOO Hábitat de Castilla y León, denunció que, pese a que el Gobierno central ha incrementado la aportación económica, no ha fijado condicionantes para que dichos recursos repercutan directamente en mejoras salariales y sociales. Herreros afirmó que las reivindicaciones no solo son salariales, sino también sociales, porque «cuidar a quien cuida debe ser una obligación».

Según Herreros, la movilización llega en el momento oportuno porque la negociación del convenio colectivo regional iniciará pronto y su vigencia concluye el 31 de diciembre. Herreros alertó de la proliferación de contratos gestionados por empresas privadas sin control institucional, lo que genera un «intrusismo» laboral que debe erradicarse. Indicó que más de diez empresas gestionan ya servicios grandes sin ningún control por parte de las administraciones.

Pilar Gutiérrez, secretaria del sector sociosanitario de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, urgió a la Junta a tomar medidas ante la precariedad del sector, donde predominan jornadas parciales y sueldos inferiores a mil euros. Gutiérrez señaló que las listas de espera de dependientes superan los seis meses, calificándolas de «lacra». También denunció deficiencias en prevención de riesgos laborales y la falta de suministro de equipos de protección individual, como guantes de trabajo.

Gutiérrez pidió al consejero de Servicios Sociales, Carlos Pollán, que actúe para proteger a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, igual que a las de residencia o teleasistencia.

En el ámbito económico, UGT reclama una subida salarial del 4,7 % para el nuevo convenio, acorde con la evolución del IPC. El salario base de una trabajadora de ayuda a domicilio se sitúa en 1.091 euros y muchas deben costear el combustible de sus vehículos particulares para acudir a los domicilios.

Las representantes sindicales recordaron que la pobreza en este ámbito afecta principalmente a las mujeres y solicitaron coeficientes reductores para la jubilación anticipada por exigencias físicas.

CCOO y UGT suscribieron un manifiesto conjunto que apela a la responsabilidad subsidiaria de la Junta, diputaciones y ayuntamientos para vigilar a las adjudicatarias y evitar licitaciones con bajas temerarias. El texto subraya que defender empleos estables y un entorno laboral seguro es indispensable para garantizar un modelo de atención profesionalizado y de calidad.