La Generalitat valenciana denuncia falta de diálogo con el Gobierno y advierte que el sistema ya opera al 160% de su capacidad con un coste diario de 220 euros por menor
El Gobierno de Pedro Sánchez ha identificado a 2.900 menores no acompañados en Ceuta, de los que la Comunidad Valenciana deberá acoger al menos a 400, un 15% del total, según el reparto aplicado en crisis migratorias anteriores. Este traslado elevará la presión sobre los centros de acogida valencianos, que ya funcionan al 160% de su capacidad y alcanzan puntualmente el 180% en Alicante, Castellón y Valencia.
La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha exigido al Ejecutivo central «abrir una vía de diálogo» y aportar «nuevos recursos» para evitar el colapso. El sistema valenciano, que gestiona 16 centros específicos para menores inmigrantes, afronta un coste diario de entre 180 y 220 euros por menor —unos 35 millones anuales—, mientras el Gobierno solo financia los primeros tres meses con 35 euros diarios por niño. Entidades gestoras advierten que carecen de «espacio, personal y fondos» para garantizar una atención de calidad.
El precedente de Canarias marca el patrón: en 2025, la Comunidad Valenciana recibió a 571 menores procedentes del archipiélago, donde el gobierno insular no pudo asumir la crisis. Ahora, la llegada de pateras a Alicante y Valencia —con rutas de tráfico humano desde el norte de África ya consolidadas en la región— agrava la situación. Las mafias han redirigido sus operaciones hacia la costa valenciana y Baleares en los últimos cinco años, según fuentes de la Generalitat.
La atención integral a los menores incluye asistencia psicológica, sanitaria, educación y manutención, pero los responsables de los centros denuncian que la saturación impide cumplir con los estándares básicos. Albalat ha reiterado que «sin financiación adicional, el sistema no podrá absorber» el nuevo flujo migratorio, que se suma a los menores ya atendidos por llegadas marítimas este verano.
El Gobierno central no ha respondido a las demandas de la Generalitat, pese a que el reparto de menores entre autonomías está previsto en la Ley de Extranjería. La norma establece que las comunidades deben colaborar en la acogida, pero no fija mecanismos de compensación económica más allá de los tres meses iniciales cubiertos por el Estado.
Fuente: Vozpópuli
