El rechazo de PP, Vox y Junts al proyecto de vivienda generó un periodo de cinco días sin protección legal que dejó en la calle a menores y sus familias
Madrid, 10 de octubre de 2026— El Consejo de Ministros publicó el 7 de octubre en el Boletín Oficial del Estado dos reales decretos sobre vivienda que, en teoría, blindan contra desahucios a familias vulnerables.
Entre el 2 y el 7 de octubre, cuando el Congreso rechazó los decretos iniciales y antes de su entrada en vigor, al menos cinco familias con menores fueron desalojadas en Vitoria, Jaén, Bilbao y Barcelona.
Los decretos, aprobados tras el rechazo de PP, VOX y Junts, establecen medidas para evitar desahucios sin alternativa habitacional, pero no son retroactivos. Pero su entrada en vigor el 7 de octubre dejó un vacío legal que afectó a casos como el de una familia en Vitoria, desalojada el mismo día 2 mientras se votaba en el Congreso. Según el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz, el desahucio se ejecutó con solo un día de margen, sin tiempo para buscar alternativa habitacional o recoger pertenencias.
En Jaén, una familia con dos hijos —de 1 y 7 años— fue desahuciada el 7 de octubre tras acumular una deuda de 20.000 euros, según el propietario. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén denunció la falta de apoyo del Ayuntamiento de Jaén, que no ofreció recursos sociales para evitar el lanzamiento. Isabel Mateos, portavoz de la PAH, criticó la ausencia de asistencia pública.
Desahucios paralizados tras la publicación de los decretos
Desde el 7 de octubre, sin embargo, algunos juzgados han aplicado los nuevos decretos para frenar desahucios. En la Comunidad Valenciana, tres familias evitaron el desahucio: una madre con tres hijos en Alicante (el juzgado suspendió el lanzamiento hasta 2030), Giulia y Natalia en Valencia (paralizado por recurso judicial), y ocupantes en Benimassot (el juzgado solicitó informe urgente a servicios sociales).
En Madrid, Pau —un inquilino vulnerable en San Sebastián de los Reyes— logró evitar el desahucio gracias a la intervención de la Asamblea de Vivienda Alco-Sanse, que vinculó la decisión judicial a los nuevos decretos. Además, al menos nueve desahucios se paralizaron por presión social o acuerdos con propietarios. Sin embargo, en Barcelona, una mujer víctima de violencia de género con dos hijos fue desalojada el jueves, pese a que su abogado solicitó la suspensión por aplicación del Real Decreto.
¿Por qué persisten los desahucios?
El vacío legal entre el 2 y el 7 de octubre explica algunos casos. Además, los decretos no son retroactivos, lo que limita su aplicación a situaciones previas, y persisten lagunas como la discrecionalidad judicial y la falta de coordinación entre administraciones. En Bilbao, Esther —desalojada tras 10 años en un piso de Almorávide— acumula una deuda desde 2017, aunque el Gobierno Vasco reconoce su baja renta.
Valentine, madre desahuciada en Vitoria el 5 de octubre, lleva tres años buscando vivienda. «No tengo casa, estoy con los niños y no sé dónde ir», declaró tras perder su hogar. Su caso refleja un problema estructural: los decretos llegan tarde para quienes ya cayeron en la exclusión.
Mientras, el Gobierno insiste en que las medidas son un avance. Pero las historias de estas familias muestran que, sin recursos adicionales y sin una aplicación homogénea, los desahucios siguen siendo una realidad para los más vulnerables.
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