La Comunidad de Madrid ha pedido al Consejo de Estado el trámite de audiencia sobre el real decreto de centros de datos del Gobierno, que según su consejero de Digitalización pone en riesgo hasta 26.000 millones de inversión y más de 14.000 empleos en la región
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Consejo de Estado el trámite de audiencia sobre el real decreto del Gobierno que regula los centros de datos. El Gobierno regional advierte de las «graves consecuencias» que tendrá para la industria, la inversión y el empleo en la región, donde podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo, según un comunicado del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.
López-Valverde sostiene que el nuevo borrador sigue siendo «discriminatorio hacia la industria de los centros de datos» y no resuelve la inseguridad jurídica del texto original. «Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente», afirmó. A su juicio, el Gobierno ha querido hacer un guiño al sector renovable y ha dejado desprotegida a toda la industria. «No habrá economía digital sin centros de datos», añadió.
La Comunidad de Madrid también critica los requisitos energéticos del decreto, que a su juicio obligarían a las compañías a inversiones multimillonarias, encarecerían la electricidad y aumentarían los vertidos de energía renovable que no se aprovecha. «Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año», explicó el consejero, que cree que para cumplir el decreto habría que sobredimensionar el parque renovable e instalar «ingentes cantidades de almacenamiento».
López-Valverde dice no entender por qué a los centros de datos no se les exigen los mismos requisitos que a los proyectos europeos estratégicos, como la Gigafactoría de IA, cuyas condiciones son, en sus palabras, «mucho más favorables».
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