CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·4 min de lectura
La medida, con 341 votos, incluye prestaciones por desempleo y limita pagos en especie para 378.178 trabajadoras, en su mayoría migrantes
El jueves, el Congreso de los Diputados aprobó el convenio 189 de la OIT. El objetivo es equiparar los derechos laborales de las empleadas del hogar con los del resto de trabajadores.
La ratificación, con 341 votos a favor y una abstención, obliga al Gobierno a regular prestaciones por desempleo. También establece periodos de descanso y salarios mensuales, entre otras medidas.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que las empleadas del hogar accederán a prestaciones por desempleo. Actualmente no tienen este derecho, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró discriminatorio.
El convenio limita la remuneración en especie y garantiza la conservación de documentos de identidad y viaje. Además, regula la repatriación de trabajadores migrantes al finalizar su contrato.
Colectivos de empleadas del hogar y el movimiento feminista celebraron la decisión como «una victoria histórica».
Derechos clave reconocidos por el Convenio 189
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de mayo, hay 378.178 personas afiliadas a este régimen en España, en su mayoría mujeres.
¿Qué derechos se reconocen con el convenio 189?
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El texto ratificado por el Congreso establece obligaciones clave para el Gobierno y los empleadores. Entre ellas, la garantía de un salario mensual, evitando pagos en especie. Además, se incluyen periodos de descanso y la protección de documentos personales como pasaportes o permisos de residencia.
Además, el convenio exige que las trabajadoras domésticas tengan acceso a prestaciones por desempleo, algo que hasta ahora no estaba reconocido en España. El UJUÉ ya había sentenciado que esta exclusión era discriminatoria, al no aplicarles las mismas normas que a otros trabajadores.
Otro aspecto relevante es la regulación de la repatriación de trabajadores migrantes al finalizar su contrato. Además, se garantiza su libertad para acordar con el empleador su residencia en el hogar donde prestan servicios.
La ministra Yolanda Díaz ha confirmado que el Ejecutivo trabajará en los ajustes legislativos necesarios para cumplir con estas obligaciones internacionales.
¿Qué dice el Gobierno y la oposición?
Desde los grupos parlamentarios se ha destacado el carácter de «justicia y dignidad» de la medida. La diputada del PSOE María Dolores Narváez subrayó que se trata de un paso adelante para corregir una situación de desigualdad histórica.
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Aunque no hubo votos en contra, la abstención registrada —procedente de Vox— refleja las diferencias en el enfoque sobre este colectivo. Mientras el PSOE y Unidas Podemos celebran la ratificación, partidos como el PP han mostrado reservas en el pasado. Argumentan que ampliar derechos a este sector podría generar impactos económicos.
Colectivos como la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han valorado positivamente la decisión, aunque advierten de que el verdadero reto será su aplicación práctica.
El movimiento feminista también ha reaccionado con satisfacción. Organizaciones como la Federación de Servicios de CCOO (FSC-CCOO) calificaron la aprobación como un «hito». Este reconoce el trabajo invisible y mal pagado de millones de mujeres.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno tiene ahora un plazo para desarrollar la normativa secundaria que permita aplicar el convenio 189. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, los decretos y órdenes necesarios podrían estar listos antes de final de año.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su ejecución en las comunidades autónomas, donde muchas empleadas del hogar están reguladas por normativas regionales. Expertos consultados por RTVE advierten de que la falta de recursos en algunas administraciones podría dificultar su aplicación.
Además, el convenio obliga a España a revisar su marco legal en un plazo de dos años para garantizar su cumplimiento integral. Esto incluirá auditorías periódicas para verificar que las condiciones laborales se ajusten a lo establecido.
El proceso de ratificación del convenio 189 comenzó en 2019. En ese año, el Gobierno lo incluyó en su agenda legislativa como parte de su compromiso con los derechos laborales. Sin embargo, su tramitación se ha visto ralentizada por la pandemia y la priorización de otras reformas.
Con esta aprobación, España se suma a otros 24 países que ya han ratificado el convenio. Algunos, como Italia o Portugal, enfrentaron resistencias de sectores conservadores durante su tramitación.
El debate sobre los derechos de las empleadas del hogar sigue abierto en Europea. Mientras algunos países avanzan en su regulación, otros, como Polonia o Hungría, mantienen sistemas laborales precarios para este colectivo. Esto ha generado críticas de la OIT.
En España, el sector emplea principalmente a mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 80 % de las empleadas del hogar son extranjeras, en su mayoría de América Latina y África subsahariana.
La aprobación del convenio 189 podría tener un impacto significativo en la economía sumergida. Se estima que hasta un 30 % de estas trabajadoras no declaran sus ingresos. La regularización de sus condiciones laborales podría aumentar la recaudación fiscal y reducir la explotación.
No obstante, algunos empleadores, especialmente en zonas rurales, han expresado su preocupación por el posible aumento de costes. Sindicatos y organizaciones de derechos humanos insisten en que estas medidas son necesarias para dignificar un trabajo esencial, pero históricamente infravalorado.
