La medida, respaldada por Bruselas, reducirá entre un 15 % y 20 % la factura eléctrica hasta mayo de 2027 y compensará a las centrales con 6.300 millones
El Congreso ha convalidado el jueves el real decreto-ley que limita el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad. La medida ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP y Vox, que se han abstenido.
Así lo ha anunciado Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.
El mecanismo, avalado por la Comisión Europea, fijará un límite progresivo entre 40 €/MWh (primeros seis meses) y 70 €/MWh (último mes). Reducirá entre un 15 % y un 20 % el coste anual para los hogares con tarifa regulada (PVPC) hasta el 31 de mayo de 2027.
Ribera ha calificado la medida como un ‘cortafuegos’ frente a la crisis energética. Los primeros beneficiarios serán los consumidores con tarifas indexadas al mercado, incluyendo a los beneficiarios del bono social.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la convalidación en Twitter. Ha subrayado que «hogares y empresas empezarán a notar el ahorro en la factura eléctrica inmediatamente».
¿Cómo funcionará el tope y quién lo financia?
Las centrales eléctricas que operen con gas recibirán una compensación económica. La compensación cubrirá la diferencia entre el precio real del gas y el límite establecido. Así lo ha detallado Ribera.
El coste estimado de las compensaciones asciende a 6.300 millones de euros con el precio actual del gas. Según cálculos del PP, podría incrementarse en 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros en el mercado.
Guillermo Mariscal, portavoz de Energía del PP, ha criticado la medida como una ‘intervención radical del mercado’ y ha calificado la ‘excepción ibérica’ de ‘manifestación de un fracaso en política energética’.
Por su parte, Mireia Borrás, portavoz de Transición Ecológica de Vox, ha calificado el mecanismo de «juego de trileros». Señala que ese mecanismo pone en duda su eficacia.
Reacciones divididas en el arco parlamentario
Mientras el PSOE, PNV, Bildu y PDeCAT han apoyado la medida —aunque con reservas—, formaciones como Cs y la CUP han mostrado su escepticismo.
Mari Carmen Martínez Granados, diputada de Cs, ha señalado que la rebaja en la factura ‘se queda en la mitad de lo prometido’. También ha cuestionado el riesgo de que los consumidores franceses se beneficien indirectamente del tope, financiado con fondos españoles.
Germán Renau, portavoz del PSOE, ha replicado a las críticas del PP y Vox acusándoles de ‘querer que a España le vaya mal’, añadiendo que «eso no es que les haga malos políticos, les hace malas personas».
Idoia Sagastizabal, del PNV, ha destacado que, desde el anuncio de la medida, los mercados de futuros del gas se han estabilizado ‘por debajo de la mitad de los precios de otros países’.
Mireia Vení, de la CUP, ha criticado la «sobrerretribución» a las centrales de gas. Asegura que «no tiene ningún sentido» compensar a las empresas con beneficios recientes. Mientras tanto, denuncia la medida.
Ferran Bel, del PDeCAT, ha reconocido la ‘dificultad’ para alcanzar un acuerdo. No obstante, ha valorado la medida como ‘un gran paso que hasta ahora nadie se había atrevido a dar’.
El mecanismo, avalado por la Comisión Europea, busca evitar que la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores. Su eficacia dependerá de la evolución de los precios en los próximos meses.
El dato Capitol: la media de encuestas para unas elecciones generales sitúa a PP en el 32,3 % de los votos (18 encuestas, últimos tres meses). Ver el agregador.
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