El grupo del PP catalán, liderado por Alejandro Fernández, ha solicitado al CGE que dictamine la constitucionalidad de la propuesta de ley de memoria democrática
El martes, el Partido Popular catalán llevó al Consell de Garanties Estatutàries la proposición de ley de memoria democrática que el pleno del Parlament debía aprobar al día siguiente. Los populares alegan que la norma presenta problemas de inconstitucionalidad, invasión de competencias y limitación indebida de la autonomía municipal.
El plazo para presentar la solicitud de dictamen al CGE finalizaba esa misma tarde y el grupo parlamentario liderado por Alejandro Fernández pidió al órgano que se pronuncie sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la iniciativa. Con la petición registrada, la aprobación final, que contaba con el apoyo del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, se retrasará unas semanas.
Entre los puntos de la ley, se establece un plazo máximo de un año al Govern para retirar el monumento franquista situado en el río Ebro, en Tortosa. Lorena Roldán, portavoz del PP en la Cámara catalana, recordó que un referéndum legal mostró una población ampliamente favorable a mantener el monumento y que ahora se pretende vulnerar esa decisión democrática.
Roldán añadió que la recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse garantías jurídicas ni sobrepasar competencias de otras administraciones. El PP señala que los artículos 7.2 y 7.4 permiten el acceso a datos personales sin respetar las garantías y trámites de la legislación de transparencia, vulnerando el derecho a la intimidad recogido en la Constitución.
Asimismo, el partido advierte una posible invasión competencial en los preceptos que declaran nulidad de sentencias de la época franquista, pues podrían invadir competencias exclusivas del Estado en materia de justicia y legislación penal. El artículo 20.4, que contempla la restitución de bienes confiscados durante la Guerra Civil y la dictadura, es calificado como impreciso y potencialmente lesivo de la autonomía municipal.
Después de casi dos años de trabajo y más de 750 enmiendas, el PSC, JxCat, ERC, Comuns y la CUP cerraron un acuerdo definitivo para la proposición de ley de memoria democrática catalana. La norma también otorga dos años para retirar el resto de la simbología franquista que permanece en el espacio público.
Por primera vez, la iniciativa incorpora un régimen sancionador contra el enaltecimiento del franquismo, con multas que van desde 200 euros hasta 150.000 euros según la gravedad. Las infracciones leves se cuantifican entre 200 y 2.000 euros, las graves entre 2.001 y 10.000 euros y las muy graves entre 10.001 y 150.000 euros.
Finalmente, la ley regulará el censo de víctimas de la dictadura y mantendrá un registro de la simbología franquista y de la simbología republicana retirada entre 1939 y 1975.
Comentarios