Las familias monoparentales tendrán un título oficial que, según el Gobierno, reconoce su especial vulnerabilidad. La Diputación Permanente lo convalida tras la disolución de las Cortes y con las elecciones del 29 de noviembre.
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles el real decreto-ley que amplía y reconoce los derechos de las familias monoparentales, uno de los siete decretos que el órgano aprobó ese día tras la disolución de las Cortes y con las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas. El Consejo de Ministros aprobó la medida el 10 de noviembre y, tras su convalidación, pasa a estar plenamente vigente, incorporándose al marco jurídico con rango de ley. En el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró: «Hoy se salda una deuda histórica».
La principal novedad es la creación de un título oficial para los hogares monoparentales y monomarentales, equiparable al que ya existe para las familias numerosas. El documento reconoce su especial vulnerabilidad, garantiza una protección específica en todo el Estado y tendrá validez ante cualquier administración o entidad, pública o privada.
El decreto modifica los criterios de acceso y los límites de renta aplicables a las ayudas por nacimiento, cuidado y crianza. También establece que se desarrollen itinerarios de empleo específicos y da acceso preferente a planes de formación, becas y ayudas al estudio, además de bonificaciones en el transporte público y en servicios culturales, deportivos y de ocio. La legislación establece los criterios para identificar a las familias monoparentales o monomarentales e incluye situaciones de custodia exclusiva, violencia de género y ausencia prolongada de uno de los progenitores.
Además, el texto equipara a las familias numerosas a los hogares formados por un padre o una madre con una discapacidad superior al 33 % y dos hijos. A partir de ahora, el reconocimiento de familia numerosa de categoría especial, que antes solo se concedía a hogares con cinco o más hijos, se extenderá a familias con cuatro hijos y también a aquellas con tres hijos que tengan escasos recursos, siempre que su renta per cápita no supere el 150 % del IPREM.
Asimismo, la disposición amplía el alcance del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, permitiendo el adelanto de las pensiones pendientes tras una separación o divorcio. Los anticipos cubrirán los impagos de los menores y de los mayores que presenten una discapacidad del 65 % o más, o que se encuentren en situación de dependencia. La reforma revisa los requisitos de acceso y establece un procedimiento urgente para familias con especial necesidad económica o víctimas de violencia de género.
La Diputación Permanente convalidó también otro decreto impulsado por Derechos Sociales, que permite que la inversión en dependencia en 2027 llegue a los 7.240 millones de euros, un máximo histórico, y garantiza el despliegue de la reciente reforma de la ley de dependencia. Con él, el Estado asumirá el 50 % de la financiación total del sistema y se fijan cuantías mínimas mensuales de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia.
Referencias: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).


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