Jesús Maeztu concluye que el fallo en el cribado de mama no fue un error informático aislado, sino un problema asistencial de la Junta
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha determinado que las demoras asistenciales estructurales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) —y no un fallo informático puntual— fueron la «razón de fondo» por la que 2.317 mujeres no recibieron a tiempo la comunicación de resultados sospechosos de cáncer de mama. La resolución, emitida tras una investigación de oficio, cierra el expediente abierto por los errores en el programa de cribado de la Junta de Andalucía.
Maeztu, órgano independiente de control vinculado al Parlamento andaluz, subraya en su informe que el retraso en la notificación de los resultados —que en algunos casos superó los seis meses— responde a «problemas organizativos» en la agencia sanitaria pública. El Defensor descarta así la versión inicial del SAS, que atribuyó el incidente a un fallo técnico en el sistema de gestión de citas. La investigación, sin embargo, revela que las demoras ya existían antes del error informático y afectaban a otros procesos asistenciales.
El caso se enmarca en un contexto de críticas recurrentes al SAS por listas de espera y saturación en atención primaria. Según datos de la Consejería de Salud de 2025, Andalucía registraba entonces 120.000 pacientes en espera para una primera consulta con especialista, un 15% más que la media nacional. La resolución del Defensor no incluye sanciones, pero exige a la Junta que presente un plan de mejora en un plazo de tres meses, con medidas concretas para evitar nuevos retrasos en programas de detección precoz.
La consejera de Salud, Catalina García, ha anunciado que el Gobierno andaluz «aceptará las recomendaciones» y revisará los protocolos de cribado. Sin embargo, fuentes del SAS matizan que el informe no detalla qué áreas específicas del sistema asistencial fallaron, lo que dificulta implementar soluciones. El PP andaluz, principal partido de la oposición, ha exigido la comparecencia de García en el Parlamento para explicar «por qué se ocultó el origen real del problema».
El Defensor del Pueblo Andaluz carece de potestad ejecutiva, pero sus resoluciones suelen servir de base para reclamaciones judiciales o demandas de responsabilidad política. En 2024, un informe similar sobre retrasos en cirugías cardíacas en Sevilla derivó en una querella de la Fiscalía contra tres directivos del SAS, aunque el caso fue archivado meses después.
Fuente: ABC (Elecciones)
