El Defensor del Pueblo solicita que se suspenda el auto del Supremo
En el recurso solicita la suspensión del auto de la Sala Tercera del Supremo, alegando la inminencia de las elecciones y el daño irreparable que provocaría dejar sin voto a más de 160.000 ciudadanos españoles
Redacción Capitol·17 de octubre de 2026·3 min de lectura
En el recurso solicita la suspensión del auto de la Sala Tercera del Supremo, alegando la inminencia de las elecciones y el daño irreparable que provocaría dejar sin voto a más de 160.000 ciudadanos españoles
Las claves
El auto del Supremo confirmó la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’.
El Defensor del Pueblo califica la medida de «grave e indudable inseguridad jurídica».
Gabilondo solicita la suspensión del auto de la Sala Tercera por la inminencia de las elecciones.
El recurso alega un daño irreparable para más de 160.000 ciudadanos españoles.
El Defensor del Pueblo sostiene que el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el viernes por la noche un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuya ponencia corresponde al magistrado conservador Enrique Arnaldo.
Publicidad
En el recurso solicita la suspensión del auto de la Sala Tercera del Supremo, alegando la inminencia de las elecciones y el daño irreparable que provocaría dejar sin voto a más de 160.000 ciudadanos españoles.
Gabilondo sostiene que el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble y que negar este derecho sin una sentencia firme causaría un daño irreparable en los derechos políticos de los afectados. Denuncia la vulneración del artículo 14 (igualdad y no discriminación) y del artículo 23 (participación política) de la Constitución.
Según Gabilondo, la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ penaliza exclusivamente a los residentes en el extranjero inscritos en el CERA, creando una distinción no prevista legalmente frente a los que residen en territorio nacional y figuran en el CERE. Asegura que discriminar el derecho de participación política basándose únicamente en el lugar de residencia no tiene fácil acomodo en la doctrina constitucional anterior.
Gabilondo recuerda que la exclusión de la nacionalidad española de quienes se acogieron a la instrucción de Sofía Puente es una cuestión sub iudice sin sentencia. En cambio, el derecho al voto de todos los españoles es una obviedad constitucional. Añade que el Código Penal no contempla la pérdida del sufragio activo como pena, sólo la del pasivo.
El Defensor del Pueblo descarta la vía de certificación consular por considerarla inviable por «ineficacia administrativa» y por no ofrecer frutos cuantitativamente importantes en las próximas fechas.
Publicidad
El texto subraya la urgencia de adoptar medidas cautelarísimas para que la Oficina del Censo Electoral envíe la documentación para el voto por correo entre el 24 y el 30 de octubre de 2026. El envío de las papeletas oficiales está previsto entre el 4 y el 8 de noviembre de 2026, y el depósito del voto en urna en los consulados entre el 21 y el 26 de noviembre. Advierte que, de no actuar con celeridad, la tramitación normal haría materialmente inviable el sufragio para los ciudadanos afectados.
Concluye que la privación del derecho al voto en los próximos comicios generales constituye un perjuicio real y actual, sin posibilidad de compensación alguna.
El Defensor del Pueblo califica la medida de «grave e indudable inseguridad jurídica».
14 de octubre.El CGCEE solicita al Defensor del Pueblo amparo. El CGCEE solicita al Defensor del Pueblo que intervenga para suspender cautelarmente los dos autos del Tribunal Supremo que han limitado el derecho.
