El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusa un «cierre encubierto» del trasvase Tajo-Segura mientras señalaba una posible pérdida de 260 millones de euros
Además, López Miras cuantificó en 260 millones de euros las pérdidas potenciales si el parón se mantiene.
El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, aseguró que los trabajos de reparación estarán finalizados a fin de año. Lucas también afirmó que tanto él como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura exigen al Ministerio todos los recursos necesarios.
Miguel Barrachina, conseller valenciano, advirtió que el cierre del grifo del agua repercute en toda la cadena productiva, no solo en el campo. Barrachina reiteró la necesidad de garantizar los recursos hídricos para la agricultura del sur de Alicante, describiendo el trasvase como «estratégico» para la actividad agraria y el empleo.
Según el presidente regional, están en juego 65 hectómetros cúbicos para regadío y 20 para abastecimiento doméstico, cada hectómetro valorado en cuatro millones de euros para uso agrario.
López Miras reclamó explicaciones sobre el calendario de reparación y la financiación del agua desalada que deban utilizar los regantes. El presidente también acusó al Gobierno central de aprovechar la avería como excusa para paralizar el trasvase durante seis meses.
Francisco Lucas reiteró que se están haciendo todos los esfuerzos para reparar cuanto antes las dos roturas, describiéndolas como de gran magnitud. Lucas señaló que tanto él como la Confederación Hidrográfica del Segura consideran el trasvase una infraestructura «necesaria e imprescindible» para el futuro.
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