CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·2 min de lectura
El presidente Donald Trump dijo que la ejecución por fusilamiento del 3 de diciembre de 2026 no será retransmitida en directo
Las claves
Trump había aprobado previamente la transmisión de la muerte del atacante.
El vicepresidente JD Vance dudó que el evento fuera a ocurrir y dijo que no lo vería personalmente.
Trump afirmó que muchas personas buenas preferirían no ver morir a Hasan.
Trump dijo que transmitir la ejecución podría ser un fuerte elemento disuasorio.
La ejecución se realizará por fusilamiento y no será retransmitida en directo.
El presidente Donald Trump canceló la transmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan, prevista para el 3 de diciembre de 2026.
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Trump había dicho previamente que aprobaba que se transmitiera la muerte del atacante. El vicepresidente JD Vance puso en duda que el evento fuera a ocurrir y afirmó que él personalmente no lo vería.
Ante la ola de críticas, Trump aseguró que «muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir». Añadió que transmitir la ejecución podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para el mundo.
Trump confirmó que la ejecución se llevará a cabo por fusilamiento y que no será retransmitida en directo. Los familiares de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona, según Trump.
En 2009, Hasan asesinó a 13 soldados desarmados y hirió a 32 en una base militar de Texas. Ese ataque fue el más mortífero no bélico contra una base militar estadounidense.
La ejecución será la primera a un exmilitar en más de 60 años. El Pentágono había anunciado la fecha del 3 de diciembre de 2026 para la ejecución mediante fusilamiento.
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Hegseth había declarado que la ejecución sería transmitida en directo para que el público la viera. El viernes anterior, Trump describió a Hasan como «completamente loco» y dijo que le importa que muera de cualquier forma. Trump había aprobado «absolutamente» los planes de transmisión, aunque el Pentágono seguía tomando una decisión.
La ley militar exige la aprobación presidencial y la revisión de un tribunal superior antes de ejecutar la pena de muerte.
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