CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El informe enviado a la jueza María Tardón contradice la versión oficial del Gobierno y obliga a Pedro Sánchez a responder ante el Congreso
El informe de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, indica que gendarmes marroquíes bajo órdenes de agentes de paisano guiaron a la masa humana hacia Ceuta.
El documento, entregado el lunes mientras el presidente Pedro Sánchez agradecía a Mohamed VI por la cooperación en la SER, rompe el relato del Ejecutivo que, desde la Moncloa, había sostenido la ausencia de pruebas de participación marroquí.
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Ante la publicación del informe, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró la falta de evidencia, pero el CENIF señaló lo contrario, generando un terremoto político el mismo día de concentraciones en defensa de Ceuta y a horas de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Moncloa se han desvinculado del contenido del informe, alegando desconocimiento; sin embargo, el propio ministro envió una carta a Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, exigiendo que la información se ponga a disposición del Consejo de Seguridad Nacional.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de mentir y abandonó a los ceutíes, mientras su número dos, Miguel Tellado, pidió la dimisión de Grande-Marlaska por supuesta ocultación de la alerta.
El caso se inserta en un contexto de tensiones migratorias tras la avalancha de 30 y 31 de julio, en la que España depende de la cooperación marroquí para la expulsión de los inmigrantes, y revive la polémica del Sáhara de 2022, cuando Sánchez se presentó solo ante el Parlamento.
El informe fue enviado a la jueza María Tardón el lunes 2 de septiembre de 2026, justo cuando el presidente Sánchez estaba en la radio de la SER agradeciendo a Mohamed VI por la colaboración. La entrega se realizó sin que el director adjunto operativo de la Policía ni el ministro del Interior tuvieran conocimiento previo, lo que ha llevado a la acusación de que el Gobierno intentó ocultar la evidencia.
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La publicación del documento provocó una reacción inmediata en el ámbito político: la oposición exigió una auditoría completa del proceso de inteligencia y la apertura de una investigación parlamentaria para determinar cómo se pudo haber filtrado la información sin la autorización de los altos cargos del Ministerio del Interior.
