CRedacción Capitol·11 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El informe desclasificado por la crisis de Ceuta alerta de que la medida debilita la capacidad negociadora de fondos y con Frontex
Una nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió el 24 de julio de que el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España evidencia una divergencia con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El documento, desclasificado por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la crisis de Ceuta, sostiene que esa contradicción «genera un riesgo para nuestro país».
El informe, titulado ‘Punto de situación de la inmigración irregular hacia España a 30 de junio de 2026’, fue enviado el 27 de julio a las 12.30 horas a autoridades del Gobierno de la Nación y a autoridades locales de Ceuta. En él, el servicio de inteligencia sostiene que con la regularización de miles de personas «España se presenta como el destino de la UE más receptivo, lo que aumenta la presión migratoria directa e indirecta (flujos secundarios)».
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El dosier apunta a un coste negociador concreto. La percepción europea de una posición asimétrica de España, dice el CNI, debilita su capacidad para negociar como receptora de fondos europeos de gestión migratoria y con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el organismo de la UE encargado de proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen.
El análisis se extiende a los países de origen y tránsito. El CNI señala que los socios africanos «pueden percibir cierta contradicción entre la cooperación en curso para la reducción de flujos y la regularización», lo que puede afectar a la credibilidad de la política migratoria española ante esos países, especialmente con el nuevo paradigma del Pacto Europeo.
Sobre el Reglamento de Retorno de la UE, aprobado el 17 de junio de 2026, el informe destaca que permite crear instalaciones en terceros países considerados seguros para alojar temporalmente a personas sujetas a decisión de retorno mediante acuerdos bilaterales. Esa externalización plantea, según el CNI, un desafío geopolítico que depende de la voluntad de los socios externos, y el principal riesgo para España deriva de la predisposición a implantar esos centros en países de su vecindad, aunque el informe considera poco probable que Marruecos, Mauritania o Senegal acepten albergarlos por el momento.
El documento cierra con una advertencia diplomática: una presión europea excesiva sobre los socios estratégicos españoles en el norte y oeste de África podría deteriorar las relaciones, afectando no solo al control migratorio sino también a ámbitos críticos como la seguridad y el comercio.
