CRedacción Capitol·29 de septiembre de 2026·6 min de lectura
Actualización (01 de octubre a las 23:32):
El bloque del Gobierno suma 162 escaños frente a 171 del PP, Vox y UPN, con los 17 de Junts, PNV, Podemos y CC como decisivos
Pedro Sánchez afronta este viernes 2 de octubre la votación en el Congreso de los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes 26 de septiembre. El primero protege hasta 2030 a hogares vulnerables frente a desahucios y veta hasta 2028 la compra de viviendas por grandes fondos; el segundo, reclamado por Sumar, prorroga de forma automática los contratos de alquiler que vencen antes de finales de 2028. Ninguno tiene asegurados los votos necesarios, y la amenaza de un adelanto electoral ya no se descarta en el PSOE.
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La aritmética parlamentaria es clara: el bloque de gobierno suma 162 escaños (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Compromís), mientras que PP, Vox y UPN alcanzan los 171. La clave están los 17 diputados indecisos: 7 de Junts, 5 del PNV, 4 de Podemos y 1 de Coalición Canaria. Para aprobar un decreto-ley no se necesita mayoría absoluta, sino más votos a favor que en contra, lo que convierte la abstención de Junts en un arma tan decisiva como su voto afirmativo.
Podemos ha anunciado su voto favorable a los dos textos pese a tachar de ‘trampa’ su división en dos decretos, mientras que el PNV apoyará el primero pero rechazará el segundo. Junts mantiene en el aire su posición, aunque varias informaciones apuntan a que se inclina por tumbar ambos. Si los posconvergentes votan en contra, el no se dispara a 178 y los decretos decaen aunque el resto de indecisos se alinee con el Gobierno. Si se abstienen, el Ejecutivo necesitaría al PNV, a Podemos y a Coalición Canaria para imponerse por 172 a 171 en el primer texto, y el segundo estaría perdido con el PNV en contra.
Los dos decretos ya están en vigor desde su publicación en el BOE, de modo que la derogación parlamentaria no borra lo ocurrido entre tanto: las prórrogas de contrato activadas hasta la fecha de publicación del acuerdo del Congreso quedarían consolidadas, pero el escudo antidesahucios y el veto a los fondos dejarían de aplicarse de inmediato, como ocurrió en abril con el decreto anterior.
Cuatro escenarios si caen los decretos: de la disolución inmediata a aguantar hasta 2027
Un decreto rechazado no obliga a nada: la Constitución no vincula la vida de la legislatura a la suerte de una norma concreta y el presidente conserva su facultad de disolución, que ejerce con discrecionalidad siempre que no haya una moción de censura en trámite. Estas son las cuatro salidas que manejan en Ferraz, en Moncloa y entre los socios:
Disolución inmediata (29 de noviembre): El Consejo de Ministros se reuniría el lunes 5 de octubre para aprobar la convocatoria, que se publicaría en el BOE el martes 6. Las elecciones caerían el primer domingo posible, el 29 de noviembre, con campaña entre el 13 y el 27 de noviembre.
Convocatoria diferida (diciembre o enero): Sánchez podría esperar al Debate del Estado de la Nación o a un Consejo ordinario para disolver, ganando tiempo para ordenar las listas y evitar una campaña navideña.
Resistencia sin elecciones: El Gobierno podría retramitar los decretos como proyectos de ley y buscar mayorías variables, aguantando hasta las autonómicas y municipales de mayo de 2027, con el límite constitucional de la legislatura en otoño de 2027.
Cuestión de confianza o moción de censura: Una cuestión de confianza devolvería la responsabilidad al Congreso, pero una moción de censura sigue sin números: PP y Vox suman 170 escaños y necesitarían a Junts (y posiblemente a otros) para llegar a los 176 necesarios.
En 2019, la disolución se produjo tras el rechazo de los presupuestos, un conflicto con la derecha. Ahora, Junts y el PNV cuestionan medidas clave para el Gobierno, mientras Podemos y Sumar exigen más protección social.
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Calendario electoral: del 5 de octubre al 29 de noviembre
Si Sánchez opta por disolver, el calendario está marcado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El real decreto de convocatoria se publicaría en el BOE el martes 6 de octubre, y las elecciones se celebrarían el 54º día posterior, es decir, el 29 de noviembre. Los plazos clave son:
21 al 26 de octubre: Presentación de candidaturas.
2 de noviembre: Proclamación de listas.
13 al 27 de noviembre: Campaña electoral (15 días).
28 de noviembre: Jornada de reflexión.
29 de noviembre: Elecciones.
Este calendario choca con fechas clave como el 12 de octubre (Fiesta Nacional) y el 1 de noviembre (Todos los Santos), además de coincidir con la COP31 (del 10 al 20 de noviembre) y las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. (3 de noviembre).
¿Por qué este momento es distinto a 2019?
En 2019, la disolución se produjo tras el rechazo de los presupuestos, un conflicto claro con la derecha. La aritmética parlamentaria es más ajustada, y la presión social por la vivienda —con precios récord y desahucios en aumento— añade urgencia al debate.
Si los decretos caen, Sánchez tendrá que decidir entre convocar elecciones, buscar acuerdos con partidos minoritarios o asumir un gobierno en minoría hasta 2027. La fecha del 29 de noviembre ya está sobre la mesa, pero el verdadero desafío será recomponer una mayoría fragmentada en un contexto de alta polarización.
El PSOE incluye subidas de alquiler y protecciones insuficientes para pequeños propietarios, mientras el PNV y ERC presionan por más cambios
El Consejo de Ministros ha pospuesto la aprobación del real decreto-ley de vivienda tras el bloqueo de Junts y Sumar, que exigen cambios profundos en el texto. La formación independentista critica que el Gobierno «se aleja del pacto» al introducir medidas no negociadas, como una posible subida del 2% en precios de alquiler, mientras Sumar reclama «ser valientes» y ampliar protecciones.
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El borrador, remitido ayer a socios de investidura, incluye prórrogas de contratos de alquiler (hasta dos años) y desgravaciones fiscales para inquilinos jóvenes en zonas pensionadas (hasta 33.000 euros anuales con un 10% de deducción). Sin embargo, omite la prohibición de compra de viviendas por fondos de inversión —reclamada por Junts— y no recupera la desgravación de hipotecas previas a 2013, un punto clave para la formación catalana.
Junts denuncia que el texto modifica 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sin protección real para pequeños propietarios, mientras Sumar insiste en que el Gobierno «no va lo suficientemente lejos». El PNV y ERC, aunque más flexibles, exigen ajustes en la suspensión de desahucios y en las compensaciones económicas para propietarios afectados.
La negociación se alargó hasta última hora, con Junts advirtiendo que el acuerdo «corre peligro». Fuentes de la formación convergente señalaron que, aunque «aún estamos a tiempo», el texto actual «deja sin protección a los pequeños propietarios» y prioriza medidas que, a su juicio, benefician a fondos buitre. Sumar, por su parte, recordó que la vivienda ha unido a fuerzas políticas dispares (desde IU a EH Bildu), pero exige más ambición en la reforma.
El decreto también incluye créditos a 0% para jóvenes (hasta 50.000 euros o el 20% del valor de la vivienda) y un IVA del 21% para viviendas turísticas, pero su futuro depende de si el Gobierno logra contentar a sus socios antes de que el texto llegue al Congreso. La suspensión de desahucios para vulnerables —con compensaciones públicas— es otro punto en disputa, especialmente por cómo se calcularán esas ayudas.
