Actualización (30 de septiembre a las 15:46):
La portavoz independentista critica que el texto no frena a fondos buitre ni protege a propietarios y exige más tiempo para analizarlo
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha expresado su «decepción» y «preocupación» por el decreto ley de vivienda que el Gobierno llevará a votación este viernes 3 de octubre para su convalidación, pero aún no ha anunciado su voto.
El texto, que incluye la prohibición de desahucios hasta 2030 y la prórroga de dos años para contratos de alquiler, ha sido cuestionado por los independentistas por no cumplir sus dos objetivos principales: evitar que fondos de inversión compren viviendas y proteger a las familias. Nogueras ha señalado que, según su análisis, los fondos «pueden seguir comprando» y que el decreto incluso perjudica a pequeños propietarios, como en casos de herencias, donde el inquilino tendría prioridad sobre el heredero.
Junts también ha criticado la división del decreto en dos normas —una por el Gobierno y otra impulsada por Sumar y el Sindicato de Inquilinas—, acusando al Ejecutivo de falta de «rigor» y «compromiso». Además, denuncian que no hubo margen para negociar ni tiempo suficiente para revisar el texto desde el punto de vista jurídico.
El partido insiste en que el decreto no resuelve el problema de fondo: la falta de oferta de vivienda. Mientras, la votación del viernes decidirá si el texto se aprueba o deroga, aunque Junts aún no ha cerrado su postura.
Actualización (30 de septiembre a las 11:55):
El PP rechaza el texto del Gobierno y critica que el caso de Olga —desahuciada en L’Hospitalet y suicida en septiembre— quedó en el olvido frente a la movilización por Maricarmen
Alberto Núñez Feijóo ha descartado el martes el apoyo del PP al decreto de vivienda que el Gobierno planea aprobar hoy mismo, acusando a Pedro Sánchez de intentar «borrar ocho años de rumbo equivocado» con un texto que, según él, «no resolverá nada». En un acto con empresarios en Terrassa, el líder popular ha vinculado la prisa legislativa con el caso de Olga, una mujer de L’Hospitalet desahuciada en 2025 por un fondo de inversión y que se suicidó en septiembre, mientras el movimiento social se centraba en el desahucio de Maricarmen en Madrid.
Feijóo ha recordado que el PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de la moratoria antidesahucios en el Congreso a finales de 2025 y principios de 2026, lo que facilitó casos como el de Olga. «Nadie acampó por ella», ha señalado, contrastando con la movilización que obligó a retroceder en el desahucio de Maricarmen. El decreto que hoy se debate en el Consejo de Ministros intenta recuperar medidas similares a las derogadas.
El texto, que el Gobierno quiere aprobar antes de su votación en el Congreso el viernes, incluye medidas como la ampliación de la moratoria y la limitación de los desahucios por impago. Sin embargo, Feijóo ha advertido de que «una legislatura sin presupuestos no se arregla con cuentas ficticias» y ha acusado al Ejecutivo de intentar «ampliar una legislatura estéril» con un decreto que, según él, «solo generará más problemas».
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado la urgencia del Gobierno al solicitar un pleno extraordinario para el viernes. «¿Por qué tanta prisa si los decretos entran en vigor automáticamente al publicarse en el BOE?», ha preguntado, sugiriendo que el Ejecutivo podría tener miedo a que las medidas sean «caóticas» si se mantienen en vigor varios días.
El decreto se enmarca en un contexto de presión social tras el desahucio de Maricarmen, pero Feijóo ha centrado su crítica en casos como el de Olga, donde, según él, «el Gobierno no ha actuado». La aprobación del texto el viernes dependerá de los votos de Junts y Podemos, partidos clave en la tramitación.
Actualización (30 de septiembre a las 08:23):
PP, Junts, ERC y PNV la cuestionan este miércoles por los decretos urgentes tras el caso Maricarmen
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, afronta este miércoles en el Congreso un interrogatorio conjunto de PP, Junts, ERC y PNV sobre su gestión tras los decretos aprobados el martes para frenar los desahucios.
La presión parlamentaria llega tras las protestas masivas desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su piso de Madrid. Los decretos, que amplían hasta 2030 la protección contra desahucios y prohíben a fondos buitre comprar viviendas hasta 2028, se votarán el viernes para su convalidación.
Junts, con Marta Madrenas al frente, exigirá a Rodríguez si rectificar las políticas de vivienda —condicionadas por sus socios— podría recuperar la confianza ciudadana. El PP, a través de Eduardo Carazo, cuestionará directamente los precios de la vivienda, que han disparado su coste y se han convertido en uno de los principales problemas sociales. ERC, por su parte, presentará una interpelación urgente para debatir el derecho a una vivienda digna.
El PNV, con Maribel Vaquero, centrará sus preguntas en los obstáculos parlamentarios: la mayoría absoluta de PP, Vox y Junts ha tumbado en varias ocasiones propuestas del Gobierno en este ámbito. La sesión, que incluye preguntas orales e interpelaciones, podría derivar en una moción similar a una proposición no de ley en la siguiente sesión plenaria.
Los decretos, aprobados tras la acampada en Sol, incluyen también la regulación de alquileres turísticos y habitaciones compartidas. Sin embargo, su futuro depende ahora de la votación del viernes y de la capacidad de Rodríguez para responder a las críticas en un Congreso dividido.
Actualización (29 de septiembre a las 21:01):
El PSOE divide el texto para salvar parte de la reforma, pero el decreto de Sumar podría caer por falta de apoyos parlamentarios
Pedro Sánchez ha impulsado este 29 de septiembre de 2026 la aprobación de dos decretos-ley sobre vivienda en el Consejo de Ministros, una medida sin precedentes en los últimos años que busca dar respuesta a la presión social tras el caso Maricarmen y la acampada en la Puerta del Sol. Sin embargo, mientras uno de los textos —negociado con PNV, Junts y partidos de izquierda— cuenta con opciones reales de aprobación parlamentaria, el segundo, impulsado por Sumar y colectivos de inquilinos, podría quedar en papel mojado por falta de apoyos.
El decreto principal, aprobado tras meses de negociaciones internas, incluye medidas como la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre, la regulación de alquileres turísticos y por habitaciones, y la prórroga automática de dos años en contratos de alquiler. Sin embargo, el texto ha sido dividido en dos para evitar su rechazo: el segundo decreto, que recoge la renovación automática de contratos —exigencia clave de Sumar—, no tiene garantizados los votos necesarios en el Congreso.
La estrategia del Gobierno busca evitar un escenario similar al de abril de 2026, cuando un decreto similar para prorrogar contratos caducó tras no obtener apoyos parlamentarios, dejando a inquilinos y arrendadores en una situación de inseguridad jurídica. Esta vez, el Ejecutivo ha acelerado la votación al viernes 29 de septiembre, justo antes del plazo máximo de 30 días para su convalidación.
La división del texto refleja las tensiones internas en la coalición. Mientras Sumar presionaba para incluir medidas más ambiciosas, el PSOE priorizó un acuerdo con PNV y Junts para garantizar al menos parte de la reforma. La acampada en Madrid y el caso Maricarmen —donde un fondo de inversión desistió de un desahucio tras la movilización social— han acelerado la necesidad de actuar, pero también han expuesto las limitaciones del Gobierno para aprobar cambios profundos sin fracturar su base parlamentaria.
El precedente de abril: cómo un decreto caducó y generó caos jurídico
En abril de 2026, el Gobierno aprobó un decreto para prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencían en diciembre de 2027. Durante semanas, inquilinos y arrendadores solicitaron renovaciones basándose en su contenido, pero el texto fue rechazado en el Congreso, dejando a miles de personas en una situación legal ambigua. Caseros y inquilinos acabaron recurriendo a los tribunales, mientras el Gobierno intentaba evitar un conflicto similar esta vez.
La diferencia ahora es el tiempo: el decreto se votará en 24 horas tras su publicación en el BOE, reduciendo el margen para que los afectados actúen bajo su amparo sin garantías. Si el texto no supera el trámite parlamentario, los contratos renovados automáticamente podrían ser impugnados, generando un nuevo conflicto legal.
Sumar arriesga quedar en evidencia si su decreto no prospera
Sumar arriesga quedar en evidencia si su decreto no prospera, mientras el PSOE intenta salvar al menos parte de la reforma para no perder credibilidad ante su electorado. PNV y Junts, aunque críticos con algunas medidas, han apoyado el texto principal para mantener su alianza con el Gobierno. La oposición, por su parte, ve en esta división una oportunidad para deslegitimar la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda.
El caso Maricarmen y la acampada en Madrid han puesto el foco en un problema estructural: la falta de soluciones reales para el acceso a la vivienda. Mientras el Gobierno intenta aprobar medidas puntuales, colectivos como el Sindicato de Inquilinas exigen reformas más profundas, como la limitación de precios o la expropiación de viviendas vacías. La división del decreto refleja esa tensión: un texto que intenta contentar a todos, pero que al final no convence a nadie.
La próxima votación en el Congreso será clave. Si el decreto principal se aprueba, el Gobierno habrá logrado al menos una victoria simbólica. Pero si el texto de Sumar cae, la inseguridad jurídica volverá a ser el principal problema para inquilinos y arrendadores.
Con elecciones a la vuelta de la esquina, el tema de la vivienda se ha convertido en un termómetro de la gestión del Gobierno. La división del decreto no solo refleja las dificultades para aprobar reformas, sino también la presión de un electorado cada vez más exigente.
Actualización (29 de septiembre a las 16:13):
Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río avisan de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán» y convocan movilizaciones estatales este fin de semana
El Sindicato de Inquilinas ha rechazado el martes el «troceo» en dos decretos ley de las medidas de vivienda aprobadas en el Consejo de Ministros. Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río han advertido de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán» y han asegurado que «todos los ojos están puestos en el texto» para evitar que se cuelen medidas por las grietas en las que, según han dicho, «siempre nos han colado las estafas de los rentistas». Las declaraciones se han producido desde la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid.
La advertencia llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado dos decretos ley. Uno de ellos contiene «solo» la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas venía exigiendo desde el viernes, y que también respaldaba Sumar. El otro decreto incluye el resto de medidas acordadas con los grupos parlamentarios, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta hacía unas horas había quedado fuera del texto.
Las portavoces han mostrado cautela sobre su posicionamiento final hasta conocer la «letra pequeña» del texto. Quieren comprobar si se trata de «una farsa o un decreto de verdad». En ese sentido, han sostenido que «si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más». La división en dos normas, según su lectura, responde a una política de «divide y vencerás» que han atribuido a «los fascistas y la ultraderecha».
Racu y del Río también han pedido «pasar de una vez por todas de los discursos que nos están poniendo en las manos del fascismo». Han situado el foco en los inversores: «Los verdaderos invasores son los inversores, los inversores inmobiliarios, los inversores internacionales que hace mucho tiempo se han quedado con nuestro país», han afirmado.
Acampada en Sol y convocatoria estatal este fin de semana
Las manifestaciones de los últimos días y la acampada de la Puerta del Sol son, para el sindicato, muestras del «pulso histórico» que las calles están echando al Gobierno, «como hacía décadas que no se veía», y que se extiende por más ciudades del país. Sobre los próximos pasos, las portavoces han anunciado una convocatoria a nivel nacional este fin de semana «en todas las ciudades del país». Lo que ocurre en Sol «va a ocurrir» en cada plaza, cada pueblo, cada barrio, cada centro de trabajo y en cada vivienda, han señalado.
Preguntadas por la duración de la acampada, han indicado que irán viendo cómo actuar y que las decisiones se tomarán en la asamblea programada para esta tarde en el propio campamento, con el objetivo de valorar cómo siguen «escalando el conflicto». Respecto al requerimiento anunciado el martes por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada, han defendido que «todo el mundo tiene mucho miedo» y han celebrado ver cómo «los que están temblando son ellos de una vez por todas».
Qué cambia el reparto en dos decretos y quién lo vigila
La decisión del Consejo de Ministros de repartir las medidas en dos decretos ley tiene un efecto práctico inmediato: cada norma sigue su propio calendario parlamentario. La renovación automática de contratos de alquiler queda así en un texto separado del resto de medidas pactadas con los grupos, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones. Esa separación es la que el Sindicato de Inquilinas interpreta como una forma de diluir el conjunto y la que le lleva a mantener la vigilancia sobre la «letra pequeña» antes de pronunciarse.
El sindicato no es el único actor que sigue el texto. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas venía exigiendo desde el viernes la renovación automática de contratos, una demanda que también asumía Sumar. La aprobación de ese punto en un decreto propio satisface esa reclamación concreta, pero deja el resto de medidas en una norma distinta, lo que mantiene abierta la negociación con los grupos parlamentarios que las pactaron.
La acampada de la Puerta del Sol añade un frente institucional. La Comunidad de Madrid ha requerido a la Delegación del Gobierno que desmantele el campamento, una petición que el sindicato ha respondido celebrando que «los que están temblando son ellos». La asamblea de esta tarde decidirá si la acampada continúa y con qué intensidad, en un contexto en el que el sindicato ya ha anunciado movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
Actualización (29 de septiembre a las 15:29):
El Gobierno destina 5 millones de contratos de alquiler a prórroga automática, pero excluye la medida estrella de Sumar por presión del PSOE
Sumar ha advertido a sus socios parlamentarios —Junts y Podemos— de las consecuencias de bloquear los decretos de vivienda aprobados el martes en el Consejo de Ministros, que benefician a 5 millones de arrendatarios con la prórroga automática de contratos hasta 2029. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido que la negociación con el PSOE fue «dura» y que la exclusión de la prórroga automática —su medida estrella— fue el «último escollo» para cerrar el acuerdo.
El decreto, que incluye bonificaciones fiscales a caseros (aunque Sumar las considera «ineficaces»), busca evitar que estas ayudas disparen los precios. Bustinduy ha subrayado que las medidas son una «conquista» para la ciudadanía, posible gracias a la movilización social, y ha urgido a una «convalidación rápida» en el Congreso. «Quien se oponga a este clamor social afronta un futuro político muy delicado», advirtió, aludiendo al alivio inmediato que las medidas aportan a millones de familias.
El conflicto interno en Sumar se agrava: mientras el PSOE logró separar la prórroga automática en otro decreto (para negociarla por separado), el partido reclama ir más allá en medidas antidesahucios. Bustinduy ha dejado claro que las bonificaciones fiscales son un «mal menor» para lograr apoyo parlamentario, especialmente del PNV y Junts, pero ha descartado que generen inflación en el mercado.
El decreto se enmarca en el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vivienda, y responde a una demanda histórica de los colectivos sociales. Sin embargo, su viabilidad depende ahora de la votación en el Congreso, donde Junts —clave para la mayoría— podría condicionar su apoyo a cambios en el texto.
Ester Muñoz critica que los reales decretos, aprobados hoy por el Consejo de Ministros, se tramiten sin consulta al PP y sin solución real a la crisis de ocho años
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «destruir el mercado de vivienda» con dos reales decretos aprobados hoy por el Consejo de Ministros, que se convalidarán en el Congreso el viernes. Muñoz ha denunciado que las medidas, pactadas entre PSOE y Sumar, pretenden resolver en 24 horas un problema que, según su partido, el Ejecutivo ha «destruido en ocho años».
Los decretos, que incluyen medidas urgentes en materia de vivienda, se aprobaron sin negociación previa con el PP, algo que la portavoz popular ha calificado como un «desaire» institucional. El Gobierno justifica la urgencia para evitar el colapso en el mercado de alquileres, pero el PP insiste en que las propuestas no abordan las causas estructurales del problema.
El Consejo de Ministros cerró hoy la aprobación de los decretos, que ahora deberán superar un pleno extraordinario en el Congreso el próximo viernes. La oposición, liderada por el PP, ya ha anunciado su rechazo, alegando que las medidas son insuficientes y que el Ejecutivo prioriza la imagen política sobre soluciones reales.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno y la oposición en un tema clave para las elecciones de 2027. Mientras el PSOE y Sumar defienden la rapidez de las medidas, el PP las tacha de «cosméticas» y exige un debate más amplio. La tramitación acelerada, sin consenso parlamentario previo, aumenta el riesgo de que los decretos sean bloqueados en el Congreso.
El acuerdo entre el PSOE y Sumar se alcanzó tras semanas de negociaciones, con la intención de evitar la paralización del mercado de alquileres y garantizar la continuidad de los contratos. Este pacto, que culminó en la aprobación de los reales decretos, busca equilibrar la urgencia de la intervención con la necesidad de mantener la estabilidad del sector.
