Covite y la AVT critican la medida y piden un arrepentimiento real y público del interno
El Gobierno vasco ha concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a Juan Carlos Besance, preso de ETA. La medida permite al interno salir a trabajar o colaborar con entidades sociales durante los días laborables. Según la normativa, el beneficio se considera un régimen de semilibertad.
Besance Zugasti no tiene víctimas mortales. La decisión ha generado críticas de la principal plataforma vasca de víctimas, Covite. Covite ha lamentado que Besance Zugasti sigue vinculado a la izquierda abertzale y sin arrepentirse de sus crímenes.
La organización considera que es un tercer grado encubierto para seguir vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real y público. Covite, entidad que preside Consuelo Ordóñez, ha enmarcado la decisión en una política penitenciaria al servicio de la izquierda abertzale que se presenta como reinserción mientras se desprecia el derecho de las víctimas a la justicia.
La AVT cifra en 36 los presos de ETA en régimen ordinario
Desde la AVT se ha recalcado que siguen denunciando cada beneficio penitenciario concedido a los terroristas de ETA por parte del Gobierno vasco.
El número de presos de ETA que permanecen en régimen ordinario se ha reducido a 36, según datos de la AVT.
El Gobierno vasco defiende la medida para la reinserción
El Gobierno vasco argumenta que la medida busca facilitar la reinserción social de los internos. La autoridad competente sostiene que el trabajo externo contribuye a la rehabilitación y a la reducción de la reincidencia. No obstante, la oposición de las víctimas mantiene viva la controversia sobre la legitimidad del proceso.
El contexto político en el País Vasco está marcado por la presencia de la izquierda abertzale en instituciones autonómicas. El partido PNV, que lidera el Ejecutivo, ha defendido la medida como parte de una política de reinserción. Sin embargo, los sectores vinculados a las víctimas consideran que la medida vulnera sus derechos.
Según ha publicado El Correo (Política), la decisión ha sido tomada sin una consulta pública previa. La falta de participación ciudadana ha sido señalada como una debilidad del proceso. La crítica se centra en la ausencia de un debate amplio sobre los criterios de concesión.
