La nueva orden revisará procedimientos autonómicos para sustituir autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones
El Govern de Marga Prohens ha iniciado la tramitación de una orden para ampliar el uso de la declaración responsable en la Administración autonómica balear, con el objetivo de reducir la burocracia en trámites y actividades. La medida busca que ciudadanos y empresas puedan actuar sin esperar el visto bueno previo de la Administración, siempre que asuman la responsabilidad de cumplir los requisitos exigidos.
La orden revisará los procedimientos de la Administración autonómica y su sector público instrumental para identificar en cuáles puede reemplazarse una autorización previa por una declaración responsable o una comunicación previa. Este cambio de lógica, ya aplicado en el ámbito urbanístico con las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), desplaza el control administrativo a una fase posterior, manteniendo las facultades de comprobación, inspección y sanción.
La iniciativa forma parte del desarrollo de la Ley 4/2026 y también busca reducir la documentación exigida en ciertos expedientes, permitiendo que algunos documentos acreditativos sean sustituidos por una declaración responsable acompañada de la certificación de una entidad colaboradora. Sin embargo, la orden no eliminará automáticamente autorizaciones ni modificará procedimientos existentes sin un análisis caso por caso, garantizando que no se ponga en riesgo el interés general ni se reduzcan las garantías jurídicas.
La apuesta del Ejecutivo balear se enmarca en su estrategia de simplificación administrativa, una de las banderas de su legislatura. El éxito de la medida se medirá no solo por el número de normas aprobadas, sino por la reducción efectiva de trámites, documentos y tiempos de espera para los ciudadanos.
La experiencia de las ECU en municipios gobernados por partidos de distinto signo demuestra que la certificación de cumplimiento de requisitos puede realizarse de forma eficiente sin comprometer la supervisión estatal. Además, la orden incluirá un filtro que verificará la compatibilidad de cada procedimiento con la normativa estatal y europea, asegurando que la sustitución del control previo no afecte la protección del interés general ni las garantías jurídicas.
Fuente: El Debate
