Exige a Peramato que aclare cuántos menores en Ceuta tienen su edad verificada y expedientes incoados
El PP acusa a la Fiscalía de actuar rápido para las CCAA, pero no con el Gobierno
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El Partido Popular ha criticado este viernes que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe «con enorme rapidez y contundencia» para establecer pautas a los fiscales ante posibles reticencias de las comunidades autónomas a acoger menores extranjeros no acompañados, mientras, según denuncia, no muestra la misma diligencia para exigir el cumplimiento de la ley al Gobierno central.
La fiscal general, Teresa Pera mato, dictó una instrucción para «garantizar la protección de todos los menores en situación de contingencia migratoria extraordinaria» en España, advirtiendo de que actuará si las autonomías rechazan su acogida. El PP, sin embargo, ha recordado a la Fiscalía su «papel de neutralidad» y ha exigido que aplique el mismo rigor con el Ejecutivo que con las comunidades.
El Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados atribuye a la FGE la competencia de ordenar pruebas médicas de determinación de edad cuando no se pueda establecer con seguridad la minoría de un menor indocumentado. Por ello, el PP ha reclamado al Ministerio Fiscal que detalle cuántos de los menores llegados a Ceuta tienen su edad determinada, cuántos expedientes se han incoado, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos casos siguen pendientes de resolución.
Desde el partido han insistido en que «no hay ninguna rebelión de las CCAA», sino una exigencia de que todas las administraciones cumplan sus obligaciones y de que «la ley se aplique a todos por igual». Su posición es clara: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento de la legalidad.
El PP ha instado, además, a evitar «elementos de confrontación» donde ya existe cooperación, y ha pedio que fiscalías y administraciones sigan compartiendo información para buscar la mejor respuesta para cada menor.
En este sentido, es importante recordar que la FGE tiene la competencia para ordenar pruebas médicas de determinación de edad en casos de menores indocumentados, según establece el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados. Esto significa que la Fiscalía tiene la responsabilidad de garantizar que los menores reciban la atención médica necesaria para determinar su edad y, en consecuencia, su estatus migratorio.
Además, el PP ha reclamado que la Fiscalía explique cómo se han aplicado estas pautas en casos concretos, y cómo se han resuelto los expedientes de menores que han llegado a Ceuta. Esto es importante para garantizar que la Fiscalía esté cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los menores y aplicar la ley de manera justa y equitativa.
Fuente: Europa Press







