Redacción Capitol·13 de agosto de 2026·2 min de lectura
Juan Antonio Moreno, diputado autonómico, acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de no resolver una situación «insostenible» en el CHUA
El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno ha alertado este jueves de que más de 10.000 pacientes en la provincia de Albacete esperan para ser atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), una situación que ha calificado de insostenible.
Moreno, que ejerce como portavoz de Sanidad del grupo popular en la cámara autonómica, ha dirigido sus críticas directamente al Gobierno regional, presidido por el socialista Emiliano García-Page. El CHUA, centro de referencia para más de 400.000 habitantes de la provincia, acumula retrasos en especialidades como traumatología, oftalmología y cirugía general, según datos citados por el diputado. La denuncia se produce a menos de un año de las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, en las que la gestión sanitaria será uno de los ejes centrales de la campaña.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el PSOE desde 2015, ha defendido en los últimos meses inversiones en infraestructuras sanitarias, como la ampliación del CHUA en 2024. Sin embargo, el PP argumenta que estas medidas no han logrado reducir las listas de espera, que se han visto agravadas por la presión asistencial tras la pandemia. Moreno ha exigido al Ejecutivo autonómico que presente un plan concreto para «garantizar el derecho a la salud» de los afectados, aunque no ha detallado plazos ni medidas específicas.
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Jesús Fernández Sanz, no ha respondido aún a las acusaciones. En declaraciones anteriores, el Gobierno regional ha atribuido los retrasos a un aumento de la demanda asistencial y a la falta de profesionales, un problema recurrente en comunidades autónomas con zonas rurales extensas. Albacete, con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, depende en gran medida del CHUA para la atención especializada, lo que agudiza las dificultades logísticas.
El caso del CHUA refleja un problema estructural en la sanidad pública española: la disparidad entre comunidades autónomas en la gestión de recursos. Mientras algunas regiones, como Madrid o Cataluña, han optado por modelos de colaboración público-privada para reducir listas de espera, Castilla-La Mancha ha mantenido un enfoque basado en la red pública. La polémica llega en un momento en el que el Gobierno central, también del PSOE, impulsa un fondo de cohesión sanitaria para equilibrar las diferencias entre territorios, una medida que el PP ha criticado por considerar que «interfiere en las competencias autonómicas».
