CRedacción Capitol·25 de agosto de 2026·2 min de lectura
Carolina Agudo acusa a Emiliano García-Page de maquillar las cifras oficiales de 99.315 personas y frenar la hemodiálisis en Hellín
Una ofensiva política encabezada por Carolina Agudo, secretaria general y portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, sitúa la cifra real de pacientes en listas de espera sanitarias por encima de los 100.000 afectados tras denunciar una supuesta manipulación estadística por parte de la Consejería de Sanidad. Durante una comparecencia frente al Hospital de Hellín, la dirigente de la oposición ha calificado a los miembros del Ejecutivo autonómico de «trileros y troleros» por la gestión sanitaria desarrollada en la comunidad.
Los registros oficiales señalan a 99.315 personas pendientes de ser atendidas en el sistema público, pero el principal grupo opositor sostiene que la cifra efectiva es mayor debido a una alteración deliberada de los datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Esta fiscalización parlamentaria se centra en cuestionar la capacidad de absorción asistencial del modelo regional, atribuyendo al presidente autonómico, Emiliano García-Page, una conducta de riesgo sobre la población al asegurar que «está poniendo en riesgo la salud de los castellanomanchegos».
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El pronunciamiento de la formación conservadora se apoya asimismo en una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia que responsabiliza al Sescam por omitir la entrega de los medios de protección pertinentes a una trabajadora del Hospital de Hellín contagiada de coronavirus. La portavoz parlamentaria ha reprochado al gabinete autonómico la ausencia de disculpas públicas y explicaciones hacia los empleados sanitarios, contrastando la falta de asunción de responsabilidades con las advertencias que su grupo trasladó durante la crisis pandémica.
La controversia local se amplía con la paralización del servicio de hemodiálisis en las instalaciones hospitalarias de Hellín, un proyecto que contó con el respaldo unánime del parlamento castellanomanchego hace aproximadamente dos años. Según los populares, el Gobierno autonómico no ha iniciado los trámites requeridos para materializar dicha unidad técnica, una carencia que perjudica tanto al municipio como a las comarcas y zonas de sierra limítrofes que dependen directamente de esa infraestructura pública.
