CRedacción Capitol·10 de septiembre de 2026·3 min de lectura
Muñoz acusa al presidente de «mentira de Estado» tras los informes desclasificados y Vox pide activar el artículo 102 de la Constitución
El Partido Popular ha pedido este miércoles la dimisión de Pedro Sánchez y la disolución de las Cortes después de conocer los informes desclasificados sobre la avalancha migratoria en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno de haber perpetrado «una mentira de Estado» y ha asegurado que «nos ha mentido durante 40 días». La dirigente popular ha reprochado que Sánchez insistiera esa misma mañana, en el Congreso y en una entrevista en TVE, en que no había datos que hicieran prever la entrada masiva e ilegal de casi 80.000 personas en la ciudad autónoma.
Según Muñoz, el CNI se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Ceuta, con la Guardia Civil e incluso con Marruecos el 29 de julio. Ya el 8 de julio, ha añadido, la Guardia Civil pedía refuerzos y sugería modificar la Ley de Extranjería para evitar los efectos de una sentencia del Supremo, y apenas unos días después el PP registró una proposición de ley en ese sentido que, según ha dicho, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, metió en un cajón. El 29 de julio, ha proseguido, la Policía Nacional alertaba de riesgo extremo y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llamó a la Moncloa y al Ministerio del Interior sin obtener respuesta. Para los populares, el Gobierno es «responsable directo de la invasión y de los fallecidos».
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La reacción del PP se suma a la de Vox, cuya portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado a Sánchez de lanzar una «mentira criminal» y ha llamado a los grupos parlamentarios a activar el artículo 102 de la Constitución para que el presidente sea juzgado por «traición». La líder del PNV en la Cámara, Maribel Vaquero, ha calificado la situación de «muy preocupante» para el Ejecutivo y ha sostenido que de una primera lectura de los documentos se «corrobora la versión» de que Marruecos estaba detrás de lo ocurrido.
En el flanco contrario, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha respaldado la lectura del Gobierno: de los datos de los informes no se podía inferir el volumen de la avalancha. Santiago ha puesto en duda la diligencia de los cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia a la hora de transmitir sus informes y advertencias, y ha recurrido a una frase del expresidente José María Aznar: «el que pueda hacer que haga». El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado al CNI, al que ha culpado de estar en contra del Gobierno: «Una parte del Estado está en contra del Gobierno y el Gobierno no la controla».
La desclasificación de los informes coloca al Ejecutivo en el centro del debate parlamentario a pocos días del inicio del curso político. El PP ya había registrado una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería tras la sentencia del Supremo, un texto que quedó sin tramitar. La exigencia de dimisión y la petición de Vox de activar el artículo 102 marcan el tono de una oposición que quiere convertir la gestión de la crisis migratoria en el eje de su ofensiva contra el Gobierno.
