CRedacción Capitol·12 de octubre de 2026·2 min de lectura
La CEOE analizará la legalidad del paro mientras los sindicatos señalan 211 000 viviendas vacías y la campaña electoral se intensifica
Pedro Alfonso, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife), ha manifestado que la huelga general prevista para el 11 de noviembre presenta un marcado cariz político. También cuestiona su legalidad. Alfonso indica que la CEOE evaluará la legalidad del paro «en función de lo que establece el derecho de huelga».
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), ha coincidido en describir la movilización como de carácter político y ha subrayado que las huelgas se hacen a las empresas. García reconoce que aún no se conocen las reacciones al paro y que es demasiado pronto para valorar su seguimiento.
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Los representantes sindicales, como José Barroso, secretario de Política Institucional de CC OO en Canarias, y Manuel Navarro, secretario general de UGT en las islas, defienden la medida como respuesta a los salarios bajos que dificultan el acceso a una vivienda digna. Barroso advierte que «hay gente que, por su salario, se ve casi forzado a no acudir a la huelga».
Patronales cuestionan la legalidad y el momento electoral
Navarro señala que la huelga no se dirige contra una política concreta del Gobierno central, sino contra todas las administraciones que, según él, han ampliado el problema de la vivienda. Destaca que en Canarias, desde 2022, no se entregan las llaves de una vivienda pública y que «se hacen viviendas, pero no son asequibles a la economía de las familias».
El dirigente sindical estima que el censo registra 211 000 viviendas en el archipiélago y afirma que muchas podrían ser reacondicionadas para alquiler asequible. Navarro propone reorganizar los barrios existentes en lugar de construir más. Añade que no quieren más cemento, sino que lo construido y en desuso se reconvierta a vivienda asequible.
Sindicatos exigen salarios dignos y vivienda asequible
Barroso añade que la precariedad salarial se refleja en la imposibilidad de cumplir la cesta de la compra mensual y en la dificultad de los jóvenes canarios para construir un proyecto de vida. Ambos sindicalistas coinciden en que la falta de oferta alojativa obliga a renunciar a empleos en zonas turísticas.
Las patronales, por su parte, advierten que la huelga no es de recibo en estos momentos, en los que el país está claramente enfocado a unas elecciones generales. Alfonso asegura que, si la autoridad lo autoriza, la CEOE cumplirá con lo que diga la ley.
