CRedacción Capitol·5 de octubre de 2026·2 min de lectura
El profesor Vicente Zapata, experto en población, habló de la iniciativa el 9 de junio de 2022 en una entrevista concedida a Capitol
El Congreso ha acordado crear una Comisión parlamentaria para analizar los retos demográficos del Archipiélago. La iniciativa surge en un contexto de envejecimiento poblacional y de salida de jóvenes de las islas. Vicente Zapata, profesor titular de Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna, explicó la necesidad del estudio.
El académico, reconocido como experto en materia de población, destacó la escasez de datos actualizados. Según la entrevista, la comisión contará con representantes de todas las comunidades autónomas del archipiélago. Su objetivo principal será elaborar un diagnóstico que sirva de base para futuras políticas públicas.
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El proyecto legislativo prevé la presentación del informe final antes del cierre del año legislativo. El informe podría influir en la asignación de fondos estructurales destinados a la cohesión territorial. Las autoridades locales han manifestado su interés en participar activamente en el proceso consultivo.
El presidente del Gobierno ha señalado que la demografía es un eje estratégico para el desarrollo sostenible. En la entrevista, Zapata subrayó la importancia de considerar la migración interna y externa. Añadió que la estacionalidad del turismo afecta directamente a la distribución de la población.
El experto también mencionó la necesidad de actualizar los indicadores de natalidad y mortalidad. Estos datos resultan esenciales para diseñar medidas que mitiguen el envejecimiento de la fuerza laboral. La Comisión trabajará en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística para garantizar precisión.
Se prevé que el grupo parlamentario incluya a diputados de los principales partidos nacionales. Sin embargo, los representantes de los partidos regionalistas han pedido que se prioricen los intereses locales. El proceso de constitución de la comisión seguirá el procedimiento establecido por la Mesa del Congreso.
Una vez aprobada, la comisión dispondrá de un plazo de seis meses para presentar sus conclusiones. El plazo permitirá recoger testimonios de autoridades locales, académicos y organizaciones sociales. Al culminar el trabajo, el informe será remitido al Gobierno y a la Asamblea Legislativa.
