Jesica Rodríguez, examante del exministro José Luis Ábalos, ha consignado ante la Audiencia Nacional 43.950,54 euros, la cantidad exacta que el Supremo fijó como perjuicio por los sueldos que cobró de Ineco y Tragsatec sin trabajar.
El último ingreso, de 39.950,54 euros, se suma a los 4.000 que había depositado el pasado 14 de octubre.
El juez Ismael Moreno recoge ambas operaciones en una providencia dictada este martes y pide a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre si procede dar por consignada la suma.
El dinero corresponde a las nóminas cobradas de Ineco y Tragsatec entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.
La sentencia del Supremo de 22 de junio estableció que Rodríguez recibió 34.450 euros netos de Ineco y 9.500,54 euros de Tragsatec.
El alto tribunal condenó a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García a indemnizar solidariamente a Ineco con 34.450 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros.
Rodríguez compareció en aquel juicio como testigo, por lo que esa obligación de indemnizar no fue impuesta a ella.
Su eventual responsabilidad penal se investiga ahora por separado. Su defensa invocó el artículo 21.5 del Código Penal, que contempla la reparación del daño como circunstancia atenuante, al efectuar el primer ingreso.
El origen del perjuicio se remonta a la contratación de Rodríguez en Ineco el 1 de marzo de 2019, cuando mantenía una relación sentimental con Ábalos. Koldo García coordinó las gestiones y procuró que los responsables de la empresa no fiscalizaran su actividad.
El Supremo considera acreditado que Rodríguez acudió a una entrevista y a recoger un ordenador, pero no regresó a trabajar. Figuraba adscrita a tareas administrativas para Adif y remitía partes de actividad. Durante aquel contrato hizo al menos trece viajes con Ábalos sin pedir permisos laborales.
Al terminar su contrato con Ineco, en febrero de 2021, empezaron las gestiones para recolocarla. El tribunal atribuye a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, actuaciones para conseguirlo y señala la intervención de Ignacio Zaldívar, entonces director de Gestión Administrativa de la empresa ferroviaria. Tragsatec la contrató el 2 de marzo de 2021 sin entrevista previa.
Tampoco allí trabajó, según la sentencia. Su contrato terminó el 1 de septiembre de 2021, tras seis meses en los que siguió cobrando nóminas. El Supremo calificó las contrataciones de malversación y tráfico de influencias al juzgar a Ábalos y Koldo García, y advirtió de la posible responsabilidad de otras personas que no habían sido juzgadas.
Tras esa advertencia, Anticorrupción pidió que Rodríguez declarara como investigada ante el juez Moreno. Compareció el 20 de julio y se acogió a su derecho a guardar silencio. Su defensa recurrió la imputación alegando, entre otros motivos, que los hechos ya estaban juzgados, pero la Audiencia Nacional confirmó este octubre que la investigación podía continuar.
Corrección (28/10/2026): por el orden de los párrafos, el contrato que terminó el 1 de septiembre de 2021 parecía el de Ineco; es el de Tragsatec, y el de Ineco acabó en febrero de 2021.
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