Exconcejalas de La Coruña recurren al PSOE por cerrar su denuncia de acoso sin testigos ni pruebas
Esther Fontán y Eva Martínez acusan al partido de parcialidad tras excluir una grabación y no citar a declarantes en el proceso interno contra la alcaldesa Inés Rey
CRedacción Capitol·14 de agosto de 2026·2 min de lectura
Esther Fontán y Eva Martínez acusan al partido de parcialidad tras excluir una grabación y no citar a declarantes en el proceso interno contra la alcaldesa Inés Rey
Las exconcejalas del PSOE en La Coruña Esther Fontán Prado y Eva Martínez Acón recurrirán la decisión de su partido de archivar la denuncia por acoso laboral que presentaron contra la alcaldesa, Inés Rey, y el teniente alcalde, José Manuel Lage. En un comunicado difundido este 14 de agosto, las denunciantes denuncian «serias irregularidades» en el proceso interno, que califican de «expeditivo» y carente de garantías.
El recurso se centra en tres ejes: la exclusión de una grabación de audio como prueba, mientras la alcaldesa sí pudo aportar mensajes de WhatsApp; la ausencia de declaraciones de testigos, que impidió contrastar versiones; y la designación como instructora de una militante de la misma agrupación local que Rey, lo que consideran un conflicto de intereses. «Esto no garantiza la objetividad y la imparcialidad del proceso», señalan, cuestionando si tales actuaciones serían válidas en un juicio ordinario.
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Fontán y Martínez vinculan el caso con la política de igualdad del PSOE, al que acusan de «cinismo» por presentarse como defensor de los derechos de las mujeres mientras, a su juicio, «no ampara ni defiende a quien denuncia». Exigen a la dirección nacional del partido, con sede en Ferraz, que revise el procedimiento para evitar «anular pruebas de forma arbitraria» y garantizar la comparecencia de testigos. «Es lo más parecido a la indefensión que hemos conocido», concluyen.
El conflicto se enmarca en un contexto más amplio de tensiones internas en el PSOE gallego, donde Rey —secretaria general de la agrupación local de La Coruña— ha consolidado su liderazgo tras las últimas elecciones municipales. La alcaldesa, que asumió el cargo en 2019, ha sido señalada en otras ocasiones por conflictos con sectores críticos del partido, aunque hasta ahora ninguna denuncia había escalado a este nivel. El recurso presentado por las exconcejalas podría reabrir el debate sobre los mecanismos de control interno en los partidos, especialmente en casos que involucran a cargos públicos.
La Ley de Partidos Políticos de 2002 establece que estas formaciones deben contar con procedimientos disciplinarios «transparentes y objetivos», pero no regula su desarrollo concreto, lo que deja margen a interpretaciones discrecionales. En casos similares, como el de la exdiputada socialista Odón Elorza —que denunció presiones en 2018—, la dirección nacional optó por mediar sin sanciones, un precedente que las denunciantes podrían invocar para exigir una revisión más exhaustiva.
El PSOE no ha respondido aún al recurso, pero fuentes del partido en Galicia confirmaron a El Debate que el expediente se remitirá a la comisión federal de garantías, cuyo dictamen podría tardar semanas. Mientras, las exconcejalas han anunciado que explorarán vías legales externas si el partido mantiene su decisión, lo que añadiría presión a un caso que ya trasciende lo local.
