Bárbara César Siero revela que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo a tres familiares suyos el 15 de diciembre de 2023
Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció el 9 de octubre que fue coaccionada para firmar sentencias. Estas sentencias inhabilitaron a María Corina Machado como candidata presidencial en 2024.
Según su testimonio, el régimen bolivariano usó a tres familiares suyos —dos hermanos y una cuñada— como rehenes. Los sometió a detención arbitraria, torturas y procesos judiciales ilegales.
La confesión de César Siero, publicada por Araguaney News, detalla cómo el 15 de diciembre de 2023 —mientras Machado interponía un recurso para impugnar su inhabilitación—, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo a su hermano Guillermo Enrique César Siero (teniente coronel), a su otro hermano Guillermo Henry César Siero (mayor) y a su cuñada Diana Desirée Victoria Justo. La jueza asegura que desconocía el paradero de sus familiares y que nunca fue informada de los cargos que se les imputaban. Sin embargo, recibió amenazas sobre el destino de sus seres queridos si no acataba las órdenes del régimen.
«Mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada», declaró César Siero. Él admitió haber prevaricado al firmar sentencias que impedían a Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023, presentarse a las elecciones. La exjueza explicó que el TSJ, bajo el control del chambismo, actuaba como una «fábrica de inhabilitaciones por encargo». Según su propia descripción, este mecanismo servía para eliminar a líderes opositores antes de los comicios.
La revelación ha desencadenado una ola de protestas en la oposición venezolana. Antonio Le dezma, exalcalde de Caracas y figura clave de la disidencia, calificó el caso de «aberración jurídica» y denunció que el régimen emplea «métodos mafiosos» para silenciar a sus críticos. «Utilizar a los familiares de los magistrados como rehenes demuestra la naturaleza gánster de un sistema que secuestró la justicia», afirmó Ledezma. Por ello, exigió el levantamiento inmediato de la inhabilitación contra Machado y otros líderes opositores.
Detención arbitraria de familiares como método de coacción
El contexto político en Venezuela sigue marcado por la tensión previa a las elecciones de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a mecanismos legales para neutralizar a la oposición. Esto ocurre en un contexto de alianzas históricas con Cuba y Rusia. El Acuerdo de Barbados (2023), un diálogo entre el régimen y la oposición, no logró revertir estas prácticas. Machado, considerada la principal alternativa democrática, mantiene un respaldo masivo según encuestas independientes, aunque su participación sigue bloqueada por resoluciones judiciales cuestionadas.
La Fiscalía General de Venezuela no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones de César Siero. La oposición insiste en que este caso confirma patrones de represión institucional. Mientras, Machado, desde el exilio, ha reiterado su disposición a regresar al país para competir.
El testimonio de la exjueza añade un nuevo capítulo a la crisis de legitimidad del TSJ. Este órgano ya ha sido señalado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo han acusado de alineación con el poder político. La presión crece para que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, exija reformas judiciales como condición para cualquier diálogo electoral.
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