CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El PP se personará en la causa judicial de la Audiencia Nacional y pide la comparecencia de Casteleiro en el Senado
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido dará la batalla política y judicial contra el Gobierno por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, calificada como «la mayor crisis de soberanía nacional» en siglos. Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para aclarar las contradicciones entre los ministros sobre las advertencias previas al asalto del 30 de julio.
El líder popular ha criticado que los ministros del Ejecutivo, como la titular de Defensa, Margarrita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan ofrecido versiones opuestas sobre la urgencia de los avisos del CNI. Feijóo ha acusado al Gobierno de «abandonar» Ceuta durante un mes y de «copiar» después las propuestas del PP, subrayando que «los responsables del abandono tendrán que rendir cuentas ante la justicia».
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El PP, con mayoría absoluta en el Senado, impulsará la comparecencia de Casteleiro para que «diga la verdad» sobre lo que sabía el Ejecutivo antes de la crisis. Además, Feijóo ha responsabilizado a los socios parlamentarios del Gobierno, afirmando que «todos son villanos» y que merecen el mismo castigo en las urnas. El líder del PP también ha llamado a participar en la concentración organizada por la FEMP el 2 de septiembre en todos los ayuntamientos de España, coincidiendo con el Día de Ceuta.
Feijóo ha reconocido el trabajo de las fuerzas de seguridad y el Ejército durante la crisis, denunciando que el Gobierno los dejó «vendidos y desbordados». En clave electoral, ha prometido «ganar con la contundencia necesaria para que no puedan gobernar los que han perdido» y ha asegurado que, de llegar a la Moncloa, emprenderá «la mayor reconstrucción desde la Transición».
Según declaraciones del propio CNI, se emitieron varias advertencias sobre el aumento de las entradas de inmigrantes en los días previos al 30 de julio, pero el Servicio de Inteligencia calificó dichos avisos como insuficientemente urgentes y precisos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que la información recibida no justificaba una respuesta inmediata, lo que ha generado la polémica sobre la falta de preparación del Gobierno ante la invasión.
