CRedacción Capitol·18 de agosto de 2026·2 min de lectura
Apatrigal denuncia que el Ayuntamiento inició el derribo tras un incendio sin esperar a la resolución de Patrimonio Cultural
La Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego (Apa trigal) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Orense para que investigue la demolición de la Casa de Baños, un inmueble integrado en el Bien de Interés Cultural (BIC) de As Burgas y su entorno, iniciada por el Ayuntamiento de la ciudad la pasada semana.
El derribo comenzó tras un incendio el 15 de mayo que afectó parte de las instalaciones. Según Apa trigal, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta abrió un expediente informativo y ordenó paralizar las obras hasta clarificar las actuaciones sobre el bien. Sin embargo, el Consistorio, gobernado por Gonzalo Pérez Jácome (PP), alega que actuó por «urgencia por peligro de estabilidad» y que solo retiró elementos inestables, conservando muros estructurales.
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La denuncia de Apa trigal cuestiona por qué no se exploraron alternativas de consolidación antes de optar por la demolición. La asociación destaca que el inmueble, adquirido por el Ayuntamiento en 2016 durante el mandato del popular Jesús Vázquez, sufría un «deterioro progresivo» desde entonces. El 27 de mayo, doce días después del incendio, ya se había reclamado formalmente al Consistorio la adopción de medidas urgentes de restauración, no su derribo.
El marco legal establece que los BIC están protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que prohíbe su alteración sin autorización expresa de la Xunta. La Fiscalía deberá determinar si los hechos podrían constituir un delito contra el patrimonio histórico, aunque Apa trigal aclara que su denuncia no busca «anticipar responsabilidades penales», sino esclarecer el proceso.
El alcalde Pérez Jácome defendió en redes sociales que la intervención se limitó a «retirar elementos sueltos o deteriorados» para garantizar la seguridad, argumentando que la Casa de Baños está compuesta por edificaciones de distintas épocas en un terreno de fuerte pendiente. La polémica pone de relieve la tensión entre la preservación del patrimonio y las decisiones municipales en contextos de emergencia.
