Actualización (21 de octubre a las 13:46):
La sentencia también le impone el pago de cuantiosas sumas a las víctimas para reparar el daño causado.
Además, Olarra Guridi posee otra condena de 28 años de prisión por el asesinato en 1993 del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo en San Sebastián.
El Ejecutivo Vasco, por su parte, indica que profesionales del centro, juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales han propuesto la progresión del interno. El Gobierno vasco subraya que la legislación penitenciaria persigue la reintegración del interno en condiciones distintas a las de su ingreso.
Actualización (21 de octubre a las 13:42):
Se trata de la segunda vez que la Audiencia Nacional corrige el paso a la semilibertad del que fuera jefe del aparato militar de la banda.
Una semana antes, el área de San José volvió a solicitar el tercer grado, indicando que la Junta de Tratamiento de Zubieta había pedido la medida. Ese mismo martes la Fiscalía volvió a recurrir la semilibertad concedida.
El área de San José sostiene que Olarra Guridi muestra una reflexión personal exigida por la legislación penitenciaria y una correcta evolución de su comportamiento.
También subraya la gravedad de los hechos y la escasa reparación del daño por el exiguo pago de la responsabilidad derivada de sus graves delitos.
El Ministerio Público argumentó que la medida reproducía sustancialmente la que había sido tumbada en abril y que no se había producido ningún cambio relevante en su situación penitenciaria, personal o tratamental.
‘Anboto’ acumula condenas de más de 700 años por su participación en varios atentados de la banda terrorista. La primera concesión del 100.2 a Iparraguirre se hizo efectiva el 24 de marzo, cuando salió de la prisión de Martutene por primera vez.
La Fiscalía describió esa medida como «conversión encubierta» al tercer grado al considerar que no concurrían las circunstancias que justificaran una flexibilización. Además, el Ministerio Público señaló que ‘Anboto’ no había cumplido aún las tres cuartas partes de la condena efectiva.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional lo considera «prematuro» porque el tribunal revocó hace pocos meses la anterior progresión de grado del preso, condenado a mil años de cárcel
Las claves
- La Fiscalía considera la progresión al tercer grado «prematura» porque han pasado muy pocos meses desde la revocación anterior.
- El anterior tercer grado, del 19 de mayo, lo revocó la Audiencia Nacional tras otro recurso de la Fiscalía.
- La Fiscalía señala que el escaso tiempo transcurrido no permite un estudio ponderado de la evolución del interno.
- Olarra Guridi fue condenado a mil años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario Juan Junquera el 6 de noviembre de 2001.
- En 2024 la Audiencia Nacional lo reclamó para juzgar su responsabilidad en el atentado de 2002 en la casa cuartel de Santa Pola.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el nuevo tercer grado que el Gobierno vasco ha concedido a Juan Antonio Olarra Guridi, exintegrante del comando Donostia de ETA. El preso, que ya tenía salidas diarias de la cárcel de Zubieta por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, había progresado al tercer grado el 19 de mayo por una resolución de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco.
La Fiscalía argumenta que la progresión es «prematura» porque han transcurrido muy pocos meses desde que la Audiencia Nacional revocó la progresión anterior. Según la Fiscalía, el escaso tiempo no permite un estudio ponderado de la evolución del interno, y se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos.
Aquella decisión del Gobierno vasco la revocó la Audiencia Nacional tras otro recurso de la Fiscalía. Olarra Guridi, integrante de ETA, ha sido condenado por delitos de asesinato y otros que causaron múltiples lesionados.
La Audiencia Nacional lo condenó a mil años de cárcel por el atentado con coche-bomba del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en Madrid, que dejó 95 heridos. En 2024 la Audiencia Nacional lo reclamó para juzgar su responsabilidad en el atentado de 2002 en la casa cuartel de Santa Pola, donde murieron dos personas, incluida una niña de seis años.
La Fiscalía recuerda que hasta la libertad definitiva, prevista para 2032, queda un periodo «excesivamente largo» para justificar la clasificación en tercer grado.
En el atentado de Santa Pola murieron Cecilio Gallego Alamino y Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años hija de un guardia civil.
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