Saavedra, Jefa de Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones, afirma que la ley aportará más recursos y formación
Las claves
- Purificación Saavedra es la Jefa de Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones del Principado.
- Según Saavedra, los entornos y relaciones cotidianas influyen mucho en la construcción de la salud mental.
- La futura Ley de Salud Mental convertirá a Asturias en la segunda comunidad autónoma con una normativa exclusiva.
El Principado de Asturias centró sus esfuerzos en la prevención y la creación de entornos amigables durante la segunda Feria de Salud Mental celebrada en Avilés. El evento contó con la participación de una treintena de entidades y asociaciones que dinamizan espacios para jóvenes, proyectos de vivienda, cuidados para mayores y apoyo mutuo entre mujeres.
Purificación Saavedra, Jefa de Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones, explicó que el objetivo de la feria es dar protagonismo a las personas y colectivos que trabajan diariamente en la salud mental. Según Saavedra, el modelo de la consejería se centra en «trabajar en los determinantes sociales de la salud» y en actuar antes de que aparezca un diagnóstico.
La Jefa de Servicio destacó que los entornos y relaciones cotidianas «tienen muchísimo que ver con construir salud mental».
En paralelo, la futura Ley de Salud Mental avanza en el parlamento asturiano y convertirá a la comunidad en la segunda región española con una normativa exclusiva. Saavedra señaló que el primer principio de la ley es que «la salud mental es cosa de todos y de todas, y se construye en comunidad». El segundo principio busca «garantizar en Asturias el máximo derecho a los respetos de las personas con discapacidad psicosocial».
Entre los cambios concretos, la ley pretende dotar a los servicios asistenciales de más recursos, formación y profesionales, reduciendo al máximo posible las intervenciones involuntarias, ingresos y contenciones. Saavedra admitió que esas prácticas «a nadie le gustan» y que la tendencia es seguir minimizándolas.
La normativa también contempla la creación de una oficina de protección de derechos, un órgano independiente con capacidad para supervisar y asesorar a todas las entidades y dispositivos públicos. Esta oficina ofrecerá mayores garantías en el sistema y orientará la mejora del respeto a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
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