Las pérdidas medias en las redes alcanzan el 28% y la Xunta señala a Santiago por derrochar una cuarta parte del suministro sin pedir fondos autonómicos.
Sanciones firmes contra los ayuntamientos que no reparen las fugas en sus redes de distribución de agua potable anunció la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ante el empeoramiento continuado de los niveles en los embalses por la escasez continuada de precipitaciones. La medida busca frenar el desabastecimiento directo a la población mediante el control estricto sobre las canalizaciones municipales, donde las pérdidas medias en el territorio gallego alcanzan un 28 % del caudal gestionado, ocho puntos porcentuales por encima del umbral máximo del 20 % establecido por la legislación vigente.
El marco de ayudas directas habilitado por el organismo público Augas de Galicia contempla la financiación íntegra del 100 % del presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de tuberías e infraestructuras locales. Pese a esta cobertura económica, el departamento autonómico criticó que una parte representativa de las entidades locales prescinde de solicitar las partidas disponibles para resolver las averías estructurales en sus conducciones.
En el caso concreto de Santiago de Compostela, la red de suministro municipal registra pérdidas estimadas en el 25 % del agua potable. La Administración gallega expuso esta situación como muestra de la falta de inversión continuada de los consistorios en la modernización de sus canalizaciones subterráneas, remarcando que el gobierno municipal santiagués no ha tramitado peticiones para acceder a los fondos de apoyo habilitados por el Ejecutivo autonómico.
En contraste con las administraciones locales que no han iniciado trámites, un total de 244 ayuntamientos gallegos completaron auditorías en sus redes de abastecimiento a través de las partidas y recursos económicos aportados por la Xunta de Galicia. Este procedimiento técnico permite identificar los puntos exactos de rotura y deterioro de las canalizaciones antes de proceder a la sustitución física de los tramos afectados.
El reparto de competencias y la inversión en la cuenca del Miño-Sil
La titular de Medio Ambiente situó también parte de las trabas para gestionar el periodo de sequía en la labor de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, entidad de titularidad estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta confederación tiene bajo su ámbito competencial la gestión hidrológica de las cuencas fluviales localizadas en la provincia de Ourense, el sur de Pontevedra y el interior de Lugo.
De acuerdo con los datos aportados por la Xunta de Galicia, el organismo de cuenca estatal reinvierte exclusivamente veinte céntimos por cada euro que recauda dentro de la comunidad autónoma. Esta proporción contrasta con el volumen presupuestario que destina la Administración autonómica a las infraestructuras hidráulicas de su competencia, donde se ejecutan tres euros por cada euro ingresado.
El régimen de competencias sobre el agua en España reserva la gestión de las redes domiciliarias de suministro y saneamiento al ámbito estrictamente local de los municipios, según estipula la legislación reguladora de las bases del régimen local. Por su parte, los gobiernos autonómicos ostentan las facultades de ordenación territorial y el auxilio económico a los municipios, al tiempo que las confederaciones hidrográficas coordinan los recursos en las demarcaciones que exceden el límite de una sola comunidad autónoma.
La fiscalización municipal en el futuro plan PEREGA
La imposición de expedientes sancionadores a las administraciones locales que desoigan las exigencias de reparación formará parte de los mecanismos operativos del Plan estratégico para el refuerzo de la eficiencia y de la garantía del abastecimiento de Galicia (PEREGA). Esta hoja de ruta técnica se encuentra actualmente en fase de redacción por parte de los servicios de la consellería para diseñar la planificación de los recursos hídricos en el medio y largo plazo.
El documento estratégico articulará la revisión y actualización de los diagnósticos de los principales sistemas de abastecimiento del territorio gallego. Con la recolección de los datos técnicos de consumo y pérdidas en cada red comarcal, la Administración autonómica fijará el orden de prioridad de las obras hidráulicas necesarias para asegurar el suministro a los hogares y prevenir escenarios de restricción de agua.
Los municipios con elevados índices de fugas que no adopten medidas correctoras ni recurran a la financiación de la Administración regional se expondrán a multas formales por incumplimiento de la normativa hidrológica. La Xunta condiciona la eficacia de las reservas embalsadas a la erradicación del volumen de pérdidas que se diluye en el subsuelo antes de abastecer a la ciudadanía.
La advertencia de la consellería se produce en un contexto de sequía persistente en Galicia, con un descenso continuado de los niveles de los embalses que obliga a la comunidad a anticipar medidas para evitar el desabastecimiento. El PEREGA nace así como respuesta estructural a esa situación, con el objetivo declarado de analizar los principales sistemas de abastecimiento, actualizar su diagnóstico y priorizar las soluciones más adecuadas para reforzar la garantía del suministro a medio y largo plazo.






