El ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegura que el expediente sigue en tramitación y que «no está descartada ni una decisión ni otra», mientras el Constitucional no estudiará el amparo del exfiscal antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Lo importante
- El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por revelación de secretos.
- El Supremo informó desfavorablemente el indulto por no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública.
- El Supremo confirmó que García Ortiz pague 39.000 euros en costas.
A punto de cumplirse un año de la condena del 20 de noviembre de 2025, el Gobierno tiene sobre la mesa el posible indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según fuentes jurídicas, el Tribunal Constitucional no resolverá su recurso de amparo hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Ese día el Tribunal Supremo declaró a García Ortiz culpable de revelación de secretos contra Alberto González Amador, lo que lo convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado por ese tribunal. Comunicó solo el fallo, que impuso al exfiscal dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario. El 9 de diciembre se dio a conocer la sentencia completa, en la que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo emitieron un voto particular discrepante.
La publicación del fallo precipitó la dimisión de García Ortiz, que dirigía el Ministerio Público desde agosto de 2022. Acató la condena y en su carta de renuncia subrayó su «profundo respeto a las resoluciones judiciales», pero ha defendido su inocencia, igual que el Gobierno y el ala progresista del Parlamento, en declaraciones públicas y en sus recursos.
El último capítulo del proceso en el Supremo se cerró a comienzos de noviembre. El tribunal desestimó la impugnación presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban excesivos los honorarios del abogado de González Amador, y confirmó que García Ortiz debe abonar 39.000 euros en costas.
La Abogacía del Estado, que había defendido a García Ortiz durante el proceso, interpuso en abril un recurso de amparo ante el Constitucional para solicitar la anulación de la condena. Se alega vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
La Fiscalía, que había pedido la absolución durante el proceso, también solicitó al Constitucional que anule la sentencia por considerar vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías. Ambos recursos esperan a que el tribunal fije fecha para estudiar su admisión a trámite.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes inició en enero los trámites de un posible indulto tras recibir dos solicitudes de particulares. El Supremo se pronunció en contra al no encontrar razones de justicia, equidad o utilidad pública.
Si se aprueba el indulto, el Rey lo otorga a propuesta del ministro de Justicia y tras la deliberación del Consejo de Ministros, mediante un real decreto que se publica en el BOE.
Bolaños explicó en una entrevista en octubre que el ministerio ya tiene el expediente y que han concluido todos los trámites necesarios para que él lleve una propuesta al Consejo de Ministros. El viernes 13 añadió que el expediente se está tramitando y que, cuando se resuelva, el Gobierno dará cuenta públicamente y explicará la decisión y sus motivos.
En enero, la Fiscalía, ahora dirigida por Teresa Peramato, autorizó a García Ortiz a seguir en la carrera fiscal, al entender que la inhabilitación solo le impedía ocupar el puesto que tenía. Después, el exfiscal general pasó a la Sección de lo Social del Supremo, conforme a las previsiones estatutarias.
Documentación: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).
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