El real decreto publicado en el BOE mantiene las competencias ceutíes pero coordina once ministerios para gestionar la crisis migratoria hasta diciembre
El Gobierno ha declarado la «situación de interés para la seguridad nacional» en Ceuta mediante un real decreto aprobado el martes y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, que establece un mando único y un comité de crisis hasta el 31 de diciembre, sin intervenir las competencias de la ciudad autónoma.
El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, asumirá la dirección y coordinación de las actuaciones, limitándose a gestionar «los medios humanos y materiales necesarios» para resolver la crisis. El decreto especifica que el mando único no alterará «la titularidad de las competencias de las autoridades intervinientes ni las relaciones orgánicas y cadenas de mando establecidas», respetando así la distribución constitucional y estatutaria de competencias.
Once ministerios integrarán el comité de crisis, cada uno encargado de identificar los recursos necesarios, tanto dentro de Ceuta como en otras áreas vinculadas a la resolución de la situación. Las actuaciones priorizarán la filiación y devolución de migrantes, así como la preservación de servicios esenciales, en colaboración con las autoridades ceutíes. Para ello, ambas administraciones han cedido infraestructuras: el Gobierno central aporta terrenos del Ministerio de Defensa y de Transición Ecológica, mientras que la ciudad autónoma ha puesto a disposición polideportivos y espacios como el Hospital Militar.
Entre las instalaciones cedidas por Ceuta figuran los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, además del complejo Deportivo Guillermo Molina. El Gobierno central, por su parte, ha movilizado terrenos en Loma Margarita, la Hípica y el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería. El decreto también garantiza la continuidad de servicios esenciales como sanidad, abastecimiento y protección civil, bajo la competencia de la ciudad autónoma.
Este mecanismo se enmarca en una fase crítica de la crisis migratoria en Ceuta, donde la urgencia radica en la identificación y retorno de los migrantes que deambulan por las calles. La medida, sin embargo, no equivale a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sí supondría una intervención directa de las competencias autonómicas. El preámbulo del decreto subraya que el mando único se justifica por la necesidad de «ejecutar la política en materia de relaciones con las comunidades autónomas», sin transferir competencias.
La coordinación entre administraciones refleja un modelo de gestión compartida, donde el Gobierno central asume un rol de apoyo logístico y operativo, mientras la ciudad autónoma mantiene sus atribuciones en áreas como servicios sociales, policía local y sanidad. La vigencia del decreto hasta finales de año sugiere una respuesta temporal, aunque su extensión dependerá de la evolución de la crisis.
Fuente: La Vanguardia
