La norma exige que el 80 % de la electricidad de los grandes centros sea renovable en cinco años. SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, prepara un recurso ante el Tribunal Supremo.
Según las informaciones publicadas, el Ejecutivo pretende sacar adelante la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese a las presiones del sector tecnológico en los últimos días.
Según levante-emv.com, los centros de datos dispondrán de cinco años para que el 80 % de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar la desconexión de las instalaciones si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Los requisitos verdes se aplicarán solo a los centros de más de 10 megavatios de potencia, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión del texto.
La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, ha reclamado frenar el decreto y revisar a la baja las obligaciones, en especial las de consumo de electricidad renovable. Según las mismas fuentes, algunas tecnológicas y fondos de inversión han advertido de la paralización de nuevos proyectos en España y tendrían preparados planes para trasladarlos a Portugal o al sur de Francia si la norma se aprueba. SpainDC reconoce que prepara un recurso ante el Tribunal Supremo si el decreto se aprueba en los términos conocidos.
El Consejo de Estado no identificó ningún elemento crucial que paralizara la tramitación. Avaló la vía de urgencia, el uso de un real decreto y la competencia de la Administración central frente a las dudas de algunas comunidades autónomas. Sí planteó cuatro salvedades esenciales, entre ellas reducir el papel supervisor de Red Eléctrica y de las distribuidoras, y eliminar la cláusula que permite al Gobierno cambiar por decisión discrecional el mínimo del 80 % de renovables. El Ejecutivo ha incorporado esos cambios al texto final, lo que le permitirá aprobarlo «de acuerdo con el Consejo de Estado» y no solo «oído» este órgano, una fórmula que, según el propio diario, reduce su exposición ante la previsible batalla judicial.
La versión definitiva ha sido elaborada conjuntamente por los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía. Con ella, el Gobierno mantiene la intención de hacer una criba entre la avalancha de proyectos de centros de datos en España para que sigan adelante solo los más sostenibles.
Consulta también: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).


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