Los inquilinos recibirán una indemnización cuando no se les renueve el contrato. Según el decreto, la norma empezará a aplicarse el 15 de noviembre, dos semanas antes de las generales del 29 del mismo mes.
El Consejo de Ministros dio luz verde el 6 de octubre de 2026 al Real Decreto-ley 28/2026, que cambia las normas del alquiler de vivienda habitual. De acuerdo con el articulado, lo más relevante es que el arrendador tendrá que notificar con un mínimo de seis meses de anticipación su decisión de no renovar, cuando hasta ahora bastaban cuatro. Por su lado, el arrendatario deberá avisar con al menos dos meses si decide no seguir.
La norma se aplica a los contratos de arrendamiento que llegan a su fin, o al término de alguna de sus prórrogas, después de cinco años como mínimo, o de siete cuando el propietario sea una persona jurídica, por ejemplo una compañía. Si ninguna de las dos partes avisa a tiempo de que no quiere renovar, el contrato se extenderá de forma obligatoria por nuevos periodos de cinco o siete años.
El decreto incorpora además, como regla general, una indemnización para el inquilino cuando el dueño comunique que no va a prorrogar el contrato. El importe será el mayor entre dos cifras: doce mensualidades, calculadas con el valor más alto del intervalo de precios del alquiler para esa vivienda en el sistema estatal de referencia, o una mensualidad por cada año de permanencia del inquilino en el inmueble. Los tramos de menos de un año se prorratearán. Cuando no exista ese valor individualizado, se empleará la renta mensual que esté en vigor en el contrato. En términos generales, el abono se efectuará en el momento en que el inquilino entregue la casa.
Quedará excluido de esta compensación en distintos casos: cuando el arrendador sea una persona física que necesite la vivienda para sí o para ciertos familiares, siempre que se cumplan los requisitos legales; cuando el inquilino no haya vivido en el inmueble durante los seis meses previos sin motivo justificado; o cuando tenga otra vivienda en el mismo municipio a su disposición. Tampoco será exigible si ambas partes suscriben un contrato nuevo para el mismo piso, o si el arrendatario declina una propuesta de renovación válida que respete los límites legales de duración y renta.
La medida se aplicará desde el 15 de noviembre de 2026, dos semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en plena campaña, cuando la vivienda ocupa un lugar destacado en el debate político. El decreto se aprobó un día después de que Pedro Sánchez anunciara, el 5 de octubre, la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. El contexto incluye las acampadas por el derecho a la vivienda, iniciadas el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que murió en el Hospital Gregorio Marañón antes de poder volver a su casa.
Qué defiende cada partido
La Ley de Vivienda de 2023 permite a las comunidades declarar zonas de mercado tensionado y limitar allí el precio del alquiler. Cataluña fue la primera en aplicarlo, en 2024.
Ante la afirmación «Las administraciones deben poder limitar el precio del alquiler en las zonas donde más ha subido», así se sitúa cada partido.
- El PSOE, a favor. En su programa 29-N propone garantizar el cumplimiento de la normativa de precios del alquiler en las zonas tensionadas; en 2023 aprobó la Ley de Vivienda que permite topes.
- Vox, en contra. Programa 29-N, pág. 23-24: propone la «Derogación de la Ley de Vivienda», la que permite topes al alquiler; en 2023 votó en contra de ella.
Posturas documentadas por Capitol con votos, programas y declaraciones. Todas, en el comparador de programas.
Documentación: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña), Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.


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