El Gobierno argelino paraliza intercambios con España

El ministro Albares descarta un corte en el suministro de gas aunque la medida afecta al 30% del consumo nacional y genera crisis parlamentaria con PP y Cs

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado el miércoles que el suministro de gas argelino a España no está en peligro. La suspensión del tratado de amistad fue justificada por Argelia como represalia por el cambio de postura de Madrid sobre el Sáhara Occidental.

Sin embargo, el país norteafricano ha ordenado congelar a partir de el jueves todo el comercio exterior con España. Además, esa medida ha generado una crisis diplomática y parlamentaria.

Albares defendió ante los medios en Alcalá de Henares que las garantías recibidas «al máximo nivel» evitan un corte. Además, la ruptura del acuerdo fue anunciada por el presidente argelino Abdelmayid Tebune como «inmediata». Albares dijo que esa decisión responde a la «injustificable» posición española a favor del plan de autonomía marroquí. La medida incluye la paralización de intercambios comerciales y energéticos. Mientras tanto, Albares insistió en que ‘nada indica’ que afecte al suministro de gas, clave para la economía española.

El Ejecutivo ha lamentado la medida y reafirmado su compromiso con el tratado. Sin embargo, la oposición ha tachado la crisis de «falta de política de Estado». El PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia urgente de Albares en el Congreso para aclarar las consecuencias. Mientras tanto, sus socios de investidura, como ERC y EH Bildu, acusan al Gobierno de no haber calculado el impacto de su giro diplomático. Vox ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez y calificado la situación como un «fracaso» que perjudica a los ciudadanos.

Albares descarta corte de gas pese a ruptura del tratado

España depende del gas argelino para alrededor del 30% de su consumo, según datos previos a la crisis. Aunque el Gobierno descarta un corte inmediato, la congelación comercial podría agravar la inflación. Además, podría afectar a sectores como la agricultura o la industria, altamente dependientes de fertilizantes y materias primas argelinas. La crisis ha reabierto el debate sobre la diversificación de proveedores de gas en España.

Mientras, los partidos de la oposición han intensificado sus críticas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de «bandazos». Además, ha recordado que «donde hay un problema, en lugar de resolverlo, genera tres». Por su parte, Esteban González Pons ha vinculado la decisión argelina a una «política individualista» de Sánchez. En cambio, Santiago Abascal ha tachado de «caprichos» las decisiones del presidente, exigiendo una rectificación inmediata. Incluso Más País, socio de Gobierno, ha cuestionado la estrategia. Se pregunta cómo una crisis con un socio estratégico como Argelia puede beneficiar a España.

La comparecencia parlamentaria solicitada por la oposición podría convertirse en un escenario clave para evaluar la gestión de la crisis. Albares ha aceptado comparecer en el Congreso, pero el Gobierno debe explicar cómo mantendrá relaciones con Argelia sin afectar su postura sobre el Sáhara Occidental. La situación refleja las dificultades de navegar en un tablero diplomático donde cada movimiento tiene repercusiones económicas y geopolíticas inmediatas.

Oposición exige explicaciones y cuestiona la política exterior

El tratado de amistad entre España y Argelia, firmado en 2002, regulaba la cooperación energética y la seguridad fronteriza. Su suspensión no solo rompe un acuerdo vigente, sino que pone en jaque décadas de estabilidad. Además, ocurre en un contexto regional marcado por tensiones históricas. La incógnita es si el Gobierno podrá revertir la decisión argelina sin ceder en su postura sobre el Sáhara Occidental.