Los consistorios que no demuestren multas efectivas al Ministerio para la Transición Ecológica verán su ZBE como no implantada y podrían perder subvenciones y devolver fondos europeos. Alicante, gobernada por el PP, ilustra el choque.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una modificación del Real Decreto 1052/2022 que obliga a los ayuntamientos a aplicar de inmediato un régimen sancionador en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), sin periodos transitorios de adaptación. El Real Decreto 953/2026, cuya publicación se realizó en el BOE, será efectivo a partir del jueves 26 de noviembre. Con ella, el Ejecutivo pretende evitar que las ciudades delimiten zonas de tráfico restringido solo sobre el papel.
El decreto obliga a multar a los vehículos más contaminantes, en especial los diésel, y prevé sanciones de 200 euros. Según el artículo 10.3, los ayuntamientos deben demostrar al Ministerio para la Transición Ecológica el cumplimiento de cinco condiciones: contar con una ordenanza vigente, aplicar restricciones de acceso basadas en el distintivo ambiental, disponer de sistemas de vigilancia en funcionamiento, estar integrados al Punto de Acceso Nacional de la DGT y ejecutar el régimen sancionador. También prohíbe expresamente las moratorias basadas en el envío de cartas informativas.
Si un municipio no demuestra que impone multas, el Ministerio considerará que su ZBE no está implantada. Eso lo expone a perder subvenciones estatales y europeas destinadas al transporte público y a devolver los fondos NextGenerationEU recibidos para financiar la infraestructura tecnológica de control del tráfico.
El Ayuntamiento de Alicante aprobó a finales de 2024 el proyecto técnico y la ordenanza de su ZBE, que abarca 7,49 kilómetros cuadrados dentro del anillo de la Gran Vía, con 22 barrios y 157.498 habitantes. Según fuentes municipales, las mediciones recogidas desde la instalación de cámaras y sensores muestran niveles de contaminación siempre por debajo de los límites legales, también durante las intrusiones de polvo sahariano.
Con ese argumento, el equipo de gobierno del popular Luis Barcala diseñó una ZBE centrada en la digitalización y la toma de datos, con restricciones de acceso solo en el casco antiguo, y descartó prohibir la circulación a los diésel para no perjudicar a los residentes y trabajadores con menos recursos.
El 29 de noviembre se celebran elecciones generales, apenas tres días después de la entrada en vigor del decreto.
Qué defiende cada partido
España se ha comprometido, con el resto de la Unión Europea, a recortar sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Parte de ese camino encarece la energía más contaminante.
Ante la afirmación «Hay que acelerar la transición ecológica, aunque suba el precio de algunos productos, como los combustibles», así se sitúa cada partido.
- El PP, en contra, con matices. Programa 29-N, medida 232: propone revisar los ritmos de la descarbonización, frenar «calendarios imposibles» y evitar un «encarecimiento desproporcionado de la vida»; mantiene la lucha climática como objetivo.
- El PSOE, a favor, con matices. Aprobó la Ley de Cambio Climático (2021) e intentó subir el diésel 9,37 céntimos para igualarlo a la gasolina (2024).
- Vox, en contra. Programa generales 2023, pág. 108: "Derogación de la Ley de cambio climático", que carga sobre los españoles la transición ecológica "en forma de 'impuestos verdes'".
Posturas documentadas por Capitol con votos, programas y declaraciones. Todas, en el comparador de programas.
Documentación: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña), Alicante: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.


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