Gobierno despliega al Ejército en Ceuta ante un nuevo intento masivo de cruce fronterizo el 15 de agosto
Marruecos refuerza controles en Castillejos y detiene a sospechosos de organizar la entrada, mientras España activa un dispositivo extraordinario con 25 millones para menores no acompañados
CRedacción Capitol·14 de agosto de 2026·2 min de lectura
Marruecos refuerza controles en Castillejos y detiene a sospechosos de organizar la entrada, mientras España activa un dispositivo extraordinario con 25 millones para menores no acompañados
El Gobierno ha ordenado el despliegue del Ejército de Tierra en Ceuta para reforzar la contención fronteriza ante un nuevo llamamiento masivo a cruzar la frontera el 15 de agosto, detectado en redes sociales y considerado creíble por los servicios de inteligencia españoles. La medida, activada tras la interceptación de mensajes en grupos como «Alhucemas, puerta de Ceuta», incluye también el refuerzo de Policía Nacional, Guardia Civil y unidades antidisturbios en ambas ciudades autónomas, así como el cierre temporal de pasos fronterizos en Melilla y barreras marítimas provisionales.
La coordinación con Marruecos ha sido clave para evitar una repetición de la crisis del 30 de julio, cuando 80.000 personas entraron en Ceuta y 140 murieron. Las autoridades marroquíes han establecido controles policiales en Nador y Castillejos, restringido el tráfico cerca de la frontera y detenido a varios sospechosos de difundir los llamamientos. «Nada hace prever que algo ni remotamente parecido pueda ocurrir otra vez», aseguraron fuentes de la Moncloa, que destacan la «lealtad» mostrada por Rabat tras el daño reputacional sufrido por el reino alauí. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, advirtió en Ceuta: Quienes entren serán devueltos. No podrán alcanzar la península ni quedarse indefinidamente.
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La situación humanitaria en Ceuta sigue siendo crítica. Más de dos semanas después de la entrada masiva, miles de migrantes —incluidos menores no acompañados— permanecen hacinados sin acceso garantizado a agua, comida o alojamiento. El Gobierno trabaja en un censo de estos menores para estudiar su repatriación a Marruecos, aunque la ley española y el marco comunitario obligan a priorizar su condición de niños sobre su estatus migratorio. Los que no sean devueltos serán derivados a las comunidades autónomas, lo que ha generado tensiones políticas: Vox, con competencias en Infancia en varias autonomías, boicoteó una reunión técnica para gestionar una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a Ceuta.
La Conferencia Sectorial de Infancia, prevista para finales de agosto, abordará la acogida de estos menores, un tema que enfrentará al Gobierno central con los ejecutivos autonómicos de PP y Vox. Mientras, el Ministerio de Defensa ha subrayado que «no puede volver a suceder» un episodio como el del 30 de julio, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado responder a las acusaciones del ministro de Justicia marroquí, que atribuyó la crisis a la política migratoria española. La normalización en Ceuta dependerá, según fuentes gubernamentales, de la capacidad para gestionar tanto la seguridad fronteriza como la emergencia humanitaria.
