La Comisión Sectorial de Infancia abordará el crédito extraordinario mientras Margarita Robles marca distancia con Moncloa y Grande-Marlaska visita la ciudad
El Gobierno destinará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para gestionar la llegada de más de 70.000 inmigrantes en 24 horas a finales de julio, según confirmará este jueves la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia en una reunión telemática con las comunidades autónomas.
La crisis migratoria, la mayor registrada en la ciudad autónoma en un solo día, ha expuesto las diferencias entre los partidos: el PSOE apuesta por la coordinación y el refuerzo de recursos, mientras Vox exige medidas más duras y el PP defiende un enfoque basado en la gestión. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, reforzará su presencia en Ceuta con la visita del ministro este jueves, aunque la titular de Defensa, Margarita Robles, ha marcado distancias con la estrategia de Moncloa, subrayando su perfil propio en la gestión de la crisis.
La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial, abordará el reparto del crédito de 25 millones, que busca paliar el impacto de la llegada masiva de menores no acompañados y familias. Este fondo se suma a los recursos ya movilizados por el Gobierno central, que incluye la colaboración con Marruecos para controlar la frontera. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, asistirá a la reunión «por apoyo a Ceuta», aunque sin asumir competencias directas en la gestión migratoria, reservadas al Estado.
La división política se agudiza con declaraciones como las de Vox, que exige la militarización de la frontera y la expulsión inmediata de los inmigrantes, frente a la postura del PSOE, que prioriza la protección de menores y la coordinación con las ONG. El PP, por su parte, critica la falta de previsión del Gobierno, aunque evita alinearse con las propuestas más duras de la ultraderecha. La crisis en Ceuta se produce en un contexto de tensión diplomática con Marruecos, que ha utilizado la presión migratoria como herramienta de negociación en el pasado.
Mientras, la empresa vinculada a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró casi 300.000 euros de beneficio tras vender un ático a un alto cargo del PP, un dato que ha reavivado el debate sobre conflictos de interés en la gestión pública. Este episodio, aunque ajeno a la crisis migratoria, refleja la polarización política que rodea la respuesta a la emergencia en Ceuta.
Fuente: elDiario.es
