El último borrador, remitido al Consejo de Estado, permite dejar fuera de la norma a los centros de entidades públicas estatales que sean operadores críticos, lo que beneficiaría al proyecto de Tarragona, de hasta 5.000 millones
Las claves
- El artículo permite dejar fuera de la norma los centros cuyo titular sea una entidad pública estatal con condición de operador crítico y los adscritos a ella.
- El proyecto moviliza hasta 5.000 millones de euros y cuenta con SETT, la Generalitat y empresas como Telefónica, ACS, Banco Santander y Multiverse Computing.
- Según fuentes sectoriales, infraestructuras de defensa pueden estar exentas, pero la gigafactoría es comercial y recibe financiación europea, por lo que debería competir en igualdad de condiciones.
- Las nuevas obligaciones podrían multiplicar por catorce la inversión en generación renovable necesaria por megavatio.
El Gobierno incorporó al borrador de decreto sobre centros de datos una exclusión que beneficiaría a la gigafactoría de inteligencia artificial proyectada en Mora la Nova (Tarragona).
La nueva versión del decreto, remitida al Consejo de Estado, último trámite antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye un artículo que permite excluir de la norma a los centros de datos cuyo titular sea una entidad del sector público estatal con condición de operador crítico y a los adscritos a esas entidades. La gigafactoría es uno de los proyectos estrella del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y cuenta con participación pública.
Se prevé movilizar hasta 5.000 millones de euros y la financiación pública llega a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la Generalitat y empresas como Telefónica, ACS, Banco Santander y Multiverse Computing. Fuentes del sector critican la medida, diciendo que el Gobierno sabe que la normativa es incumplible y se la aplica a todo el mundo menos a sí mismo. Según esas fuentes, infraestructuras vinculadas a la defensa pueden quedar exentas por interés nacional. Sin embargo, la gigafactoría de Tarragona es un proyecto comercial que recibe financiación europea y debe competir en igualdad de condiciones.
El consumo de energía renovable con correlación horaria es el punto de mayor fricción; según los cálculos del sector, las nuevas obligaciones podrían multiplicar por catorce la inversión en generación renovable necesaria por megavatio. El borrador ofrece una vía transitoria de cinco años. Sin embargo, obliga a los centros que se acojan a ella a incorporarse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite reducir el suministro eléctrico cuando lo requiera el sistema.
Los operadores advierten que, ante una reducción del suministro, podrían tener que recurrir a generadores diésel, lo que elevaría tanto los costes como las emisiones. Tras la primera versión del borrador se retiraron proyectos por valor de unos 9.000 millones de euros y, según fuentes de la industria, el segundo borrador provocará muchas más bajas. Spain DC ha calculado que 67.000 millones de euros de inversiones previstas hasta 2030 están en riesgo por la incertidumbre regulatoria.
La industria de centros de datos rechaza la nueva propuesta, advirtiendo que encarecerá las inversiones y restará atractivo a España.
Corrección (27/10/2026): el titular decía que el Gobierno «excluye» la gigafactoría del decreto. El borrador, aún sin aprobar, incluye un artículo que permitiría excluirla.
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