El Gobierno de Navarra se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la reforma de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, que blinda la vivienda protegida de alquiler, frente al recurso de 120 diputados del PP en el Congreso.
Las claves
- El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso formulado por 120 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- La reforma legal fue aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 25 de junio para blindar la vivienda protegida de alquiler.
- La modificación legislativa elimina la posibilidad de que los pisos protegidos de alquiler pasen a la venta tras transcurrir 21 años.
El Gobierno de Navarra ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la Ley Foral de modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda. El Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno foral será el encargado de defender la norma según ha explicado en conferencia de prensa el vicepresidente primero, Javier Remírez.
El Ejecutivo navarro adopta esta medida después de recibir la notificación de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso promovido por 120 diputados del Grupo Parlamentario Popular. Los parlamentarios nacionales impugnan concretamente los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria única de la mencionada norma autonómica.
Con esta decisión, el Ejecutivo foral ejerce la defensa de la legitimidad de una ley aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 25 de junio. La finalidad de la iniciativa consiste en reforzar la estabilidad y permanencia de la protección pública para preservar un parque residencial ajeno a dinámicas especulativas.
La iniciativa, impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, salió adelante con los votos a favor de estos tres partidos y los votos en contra de UPN, el PPN y la parlamentaria no adscrita.
La normativa autonómica elimina la posibilidad de que determinadas viviendas protegidas en régimen de alquiler pasen a la venta tras transcurrir 21 años desde su calificación definitiva. Asimismo, la medida extiende el régimen de protección indefinida a los inmuebles cuyo período seguía vigente a la entrada en vigor de la ley, con independencia de su fecha de calificación.
El propósito principal de esta reforma reside en evitar que el paso del tiempo reduzca progresivamente el parque de vivienda protegida en la comunidad autónoma. La reforma legislativa puede beneficiar a alrededor de 2.200 familias navarras al mantener las viviendas en los regímenes de alquiler protegido y asequible.
El vicepresidente primero ha afirmado que el recurso de inconstitucionalidad ha sido firmado por 120 diputados del Partido Popular, entre quienes figuran los navarros Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Javier Remírez ha criticado duramente a ambos diputados por su «voluntad de menoscabar el autogobierno de Navarra» mediante esta iniciativa judicial. El representante gubernamental ha recordado que el recurso no cuenta con capacidad para suspender la norma, por lo que la ley sigue plenamente vigente.
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