Es la primera vez que el Estado inmoviliza parte de la cosecha en una campaña abundante. Productores y distribuidores no descartan subidas para el consumidor cuando se agoten los stocks del año pasado.
El Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, ha decidido retirar del mercado 188.000 toneladas de aceite de oliva, equivalentes al 12 % de la producción de la campaña actual. Según el Gobierno, la medida protege al productor primario y garantiza la rentabilidad del sector, y no debería afectar al precio que paga el consumidor.
Planas ha definido la decisión como «absolutamente necesaria, oportuna y basada en el derecho europeo», y ha pedido que «nadie aproveche esta ocasión para especular», advirtiendo de que el Gobierno «estará detrás para evitarlo». El Ejecutivo estima una cosecha de 1,6 millones de toneladas y unas existencias de la campaña pasada de 357.000 toneladas, lo que sitúa el volumen disponible cerca de los dos millones de toneladas.
Rafael Pico Acevedo, director general de Asoliva, la patronal de las empresas exportadoras de aceite de oliva, advierte de que no está claro qué pasará cuando se agoten los stocks del año pasado. «Estamos hablando de un alimento que ya sufrió en la anterior espiral inflacionista, la de 2022», ha señalado, y ha añadido que las cadenas de distribución tienen sus propios planes y que la industria no suele reaccionar de inmediato ante las subidas.
Según los datos recogidos, el precio del aceite de oliva se disparó entre febrero de 2022 y septiembre de 2024, con un incremento acumulado superior al 115 % en origen y cerca del 130 % en supermercados. Desde su máximo histórico, hace dos años, el kilo en origen ha caído más de un 55 %, hasta los 3,12 euros actuales. En los establecimientos, el litro se sitúa ahora entre 4,20 y 5,50 euros en marcas de distribución.
El sindicato agrario JARC denuncia que entre enero y agosto de este año se han importado 73.351 toneladas de aceite de Túnez y 24.414 de Marruecos, a las que se suman las llegadas de Egipto, Argentina, Perú y Chile. Según la organización, buena parte de estas importaciones procede de países con costes de producción muy inferiores, por lo que considera que debería haberse actuado antes sobre ellas. Pico Acevedo alerta además de que, al aplicarse solo en España, los compradores podrían recurrir a productores de otros países con precios más competitivos.
El Ministerio prevé poner en marcha dentro de dos meses un mecanismo de control para hacer un seguimiento de los efectos de la retirada y analizar su impacto sobre la cesta de la compra. Hasta entonces, el Gobierno no prevé que la medida llegue a afectar al precio en los puntos de venta, porque el aceite que sale ahora al mercado procede de la cosecha anterior.


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