El pacto incluye formación a técnicos locales, campañas de sensibilización y proyectos piloto en ayuntamientos para combatir delitos de odio
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado un acuerdo marco para reforzar las políticas locales de integración de personas migrantes y prevenir el racismo y la xenofobia. El convenio, suscrito por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, establece un marco estable de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar planes municipales de ciudadanía, integración y convivencia.
El acuerdo alinea las iniciativas locales con el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, impulsado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. Entre las medidas previstas figuran acciones de formación para responsables públicos y técnicos municipales en gestión de la diversidad, mediación intercultural y diseño de estrategias locales de integración, así como la creación de redes de cooperación entre administraciones y agentes sociales.
Cancela destacó que la integración es una responsabilidad compartida que solo puede tener éxito con la colaboración interinstitucional, subrayando el papel de los ayuntamientos como primera puerta de acceso a los servicios, la participación y la convivencia. El convenio también contempla el desarrollo de campañas de sensibilización para combatir delitos de odio y desinformación, la identificación de buenas prácticas replicables en otros territorios y la puesta en marcha de proyectos piloto adaptados a distintos contextos locales.
La FEMP, que agrupa a más de 7.400 entidades locales, actuará como puente entre el Gobierno central y los municipios para implementar las medidas. El acuerdo incluye la elaboración de estudios y análisis sobre la realidad de la integración en el ámbito local, así como herramientas para el intercambio de conocimientos entre ayuntamientos. Según datos del Ministerio, en 2025 más del 12% de la población residente en España era de nacionalidad extranjera, una cifra que supera el 20% en comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares.
El convenio se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para descentralizar las políticas de integración, tras críticas de la oposición por la concentración de competencias en el Ejecutivo central. El PP y Vox han cuestionado en repetidas ocasiones la eficacia de los planes estatales, proponiendo un enfoque basado en priorizar a los nacionales en el acceso a servicios públicos. La FEMP, por su parte, ha defendido la necesidad de coordinación entre administraciones para evitar duplicidades y garantizar la igualdad de oportunidades.
Fuente: La Moncloa
