La Conferencia Sectorial del 27 de agosto votará el crédito extraordinario mientras 4.000 menores siguen fuera del sistema de protección en la ciudad autónoma
El Gobierno y el Partido Popular han acordado que la solución para los 1.527 menores migrantes no acompañados en Ceuta pasa por su reagrupación familiar y retorno a Marruecos, pero discrepan sobre cómo gestionar su acogida mientras tanto. Este jueves, las comunidades autónomas gobernadas por el PP bloquearon incluir en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico sobre la situación en la ciudad autónoma, donde 4.000 menores permanecen fuera del sistema de protección.
La Comisión Sectorial de Infancia, órgano técnico que prepara la reunión plenaria del 27 de agosto, evitó convertir la sesión en un nuevo enfrentamiento político. Sin embargo, el Gobierno someterá a votación en esa fecha un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los menores, mientras la ministra de Derechos Sociales, Sira Rego, insistirá en incorporar un punto específico sobre Ceuta. La propuesta requerirá el apoyo de las comunidades autónomas, donde el PP tiene mayoría en varias de ellas. Aragón, Castilla y León y Extremadura —gobernadas por Vox— ni siquiera asistieron a la comisión.
El desencuentro refleja una paradoja: ambos partidos descartan que Ceuta sea la solución definitiva, pero difieren en el reparto de responsabilidades y recursos. Mientras el Gobierno defiende que la situación está controlándose tras el desborde de finales de julio, el PP cuestiona la gestión inmediata y exige claridad en la distribución de costes. Los 25 millones de euros propuestos buscan aliviar la presión sobre un sistema diseñado para una población mucho menor, pero entidades como Save the Children alertan de que miles de menores siguen en la calle, expuestos a violencia, explotación o trata.
La organización estima que 1.500 menores ya están dentro del sistema de protección, pero otros 4.000 —algunos menores de 16 años— carecen de alojamiento seguro o acceso a servicios básicos. «Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia», advirtió Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la ONG. Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales han habilitado espacios de emergencia, aunque con condiciones precarias.
El crédito de 25 millones, vinculado exclusivamente a los menores registrados tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio, será clave para definir el modelo de corresponsabilidad entre administraciones. La Conferencia Sectorial del 27 de agosto decidirá no solo su aprobación, sino también si se abre un debate formal sobre la crisis, algo que el PP ha rechazado hasta ahora. Mientras, el Gobierno mantiene que la prioridad es garantizar la protección de los menores, aunque reconoce que el retorno a Marruecos —con las garantías legales necesarias— llevará tiempo.
Fuente: La Vanguardia
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