CRedacción Capitol·14 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión de nacionalizaciones salvo que los consulados acrediten descendencia de exiliados
Las claves
Hazte Oír advierte que emprenderá acciones legales contra autoridades que incumplan resoluciones del Tribunal Supremo sobre el censo electoral.
Exige al Gobierno de Pedro Sánchez garantizar el cumplimiento de esas resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Gobierno reconoce que carece de herramientas informáticas para identificar la vía de adquisición de la nacionalidad española de los afectados.
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente, el 8 de septiembre, los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.
La suspensión se mantiene salvo que las oficinas consulares acrediten que los afectados son descendientes de exiliados.
La asociación Hazte Oír ha advertido este miércoles que emprenderá acciones legales contra las autoridades y funcionarios que incumplan las resoluciones del Tribunal Supremo sobre el censo electoral. Exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice su cumplimiento antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
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La Moncloa sostiene que carece de herramientas informáticas para identificar la vía por la que los afectados adquirieron la nacionalidad española. Esto impide garantizar que la revisión pueda completarse antes de los comicios. «Las resoluciones del Supremo no pueden quedarse en papel mojado. Los problemas de gestión de la Administración no pueden convertirse en una excusa para eludir su cumplimiento», ha advertido Hazte Oír.
El conflicto se originó con la decisión del Supremo de suspender cautelarmente, el pasado 8 de septiembre, los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. El tribunal mantiene la suspensión, salvo que las oficinas consulares acrediten que los afectados son descendientes de exiliados.
El pasado lunes, el Alto Tribunal rechazó el recurso presentado por la Abogacía del Estado, que había alegado la imposibilidad material de revisar el censo antes de las elecciones. Los magistrados responsabilizaron a la propia Administración de las dificultades para ejecutar la resolución y rechazaron que estas puedan justificar su incumplimiento.
Según THE OBJECTIVE, la revisión afecta potencialmente a 163.020 personas inscritas en el censo cerrado el pasado 1 de agosto. Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares, fechado el 18 de septiembre, advierte que los registros no permiten conocer automáticamente cómo obtuvo cada ciudadano la nacionalidad, por lo que sería necesario examinar individualmente los expedientes, una tarea que podría prolongarse durante seis meses.
Hazte Oír reclama que los organismos competentes adopten medidas concretas para garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales antes de la cita electoral. «El Gobierno de Pedro Sánchez debe garantizar que se cumpla lo ordenado por el Supremo. Los españoles tienen derecho a unas elecciones transparentes y a un censo ajustado a la ley», insiste la organización.
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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó la decisión del Supremo de «extrema gravedad» por considerar que restringe el derecho de sufragio de ciudadanos españoles. El Supremo sostiene que el derecho al voto no es absoluto y debe compatibilizarse con la necesidad de garantizar la legalidad y fiabilidad del censo electoral.
Hazte Oír ha anunciado que mantendrá el seguimiento jurídico del procedimiento y la movilización ciudadana para exigir que se cumpla lo ordenado por el tribunal. La organización insiste en que, si las autoridades responsables desatienden las resoluciones, promoverá denuncias para que se investiguen las posibles responsabilidades.
Qué dicen las encuestas
La media de 17 encuestas publicadas en los últimos tres meses, calculada por el agregador de Capitol, da estos resultados para las generales del 29 de noviembre: PP el 32,4 % (139 escaños), PSOE el 26,4 % (107 escaños), Vox el 18,3 % (61 escaños) y Sumar el 6,1 % (9 escaños). La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.
